Petro tenía que rescatar la imagen de la izquierda y convertirla en alternativa política seria y moderna, pero hizo todo lo contrario.
Después de los cuatro años de ‘socialbacanería’ de Garzón y del ‘carrusel’ de la contratación de Samuel Moreno, Petro tenía que rescatar la imagen de la izquierda y convertirla en alternativa política seria y moderna que mereciera conservar el gobierno de la ciudad y se proyectara a nivel nacional, como en su momento lo lograron Gerardo Molina y Carlos Gaviria.
Por razones que algún día sus correligionarios tratarán de establecer, hizo todo lo contrario. Impuso, violando la ley en algunos casos, proyecto político anacrónico e inviable: su modelo de “socialismo distrital siglo XXI” es populista, estatizante, oneroso para el fisco, burocratizante.
Populista porque decretó subsidios meramente electorales que ha tenido que empezar a desmontar. La rebaja de los pasajes en TransMilenio, decretada para todos los estratos, en adelante solo regirá durante dos horas diarias y no ocho, como venía ocurriendo, porque afectó seriamente las finanzas de la empresa estatal (TransMilenio S. A.).
Su pregonada “defensa de lo público” se reduce a la distritalización de servicios y actividades que estaban a cargo del sector privado, para lo cual fue necesario duplicar los efectivos de la burocracia oficial (la Empresa de Acueducto sirve de ejemplo) y montar frondosa y costosa nómina paralela.
Los concesionarios de los servicios, para que oiga bien la galería, son satanizados públicamente, pero en privado se les mejoran apreciablemente sus ingresos, como se hizo con los operadores de TransMilenio y los del aseo. A estos últimos se les han prorrogado varias veces los contratos celebrados durante la administración Mockus (EL TIEMPO, 25 de enero de 2014).
Últimamente decidió cambiar las reglas de juego de los mecanismos de control que permiten a la ciudadanía y a las autoridades vigilar y sancionar la gestión de los alcaldes. Se opuso a la revocatoria y logró aplazarla durante ocho meses con artilugios que nadie en el país había pensado que pudieran utilizarse en su contra.
Con otras palabras, para interferirlo y evitarlo, judicializó instrumento político de participación democrática en la vida de la ciudad. Y ha enredado el proceso disciplinario que ordena la Constitución del 91 y que ha conducido a la destitución de 1.789 elegidos popularmente (congresistas, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles).
En ninguno de estos casi 2.000 casos se produjeron los traumatismos administrativos (parálisis de las entidades distritales), jurídico-institucionales (desgaste de la tutela), económicos (sector industrial teme que así ocurra por la tensión política creada) y hasta internacionales (demanda ante la CIDH) que han causado la sanción impuesta al Alcalde de Bogotá y su negativa a cumplirla.
En vez de haber optado por fórmulas como las de Lula, la señora Bachelet y el presidente Mujica, Petro escogió un modelo de socialismo anacrónico (estatizante, populista, burocratizado, costoso fiscalmente, autoritario, casi que estalinista: pide reglas de juego distintas de las que obligan a los demás actores de la vida pública).
Tenía que elegir entre las recomendaciones de dos cercanos amigos suyos. La de quien como secretario de Gobierno lo candidatizó para la Presidencia y agregó: “Nuestra meta es Colombia y América. Tenemos proyecto continental de cambio”. ¿Chávez dos? (EL TIEMPO, 6 de abril de 2013).
Y la del concejal De Roux, que le pidió no caer en manos de corriente “filochavista”. Escogió la primera. El precio de tan equivocada decisión lo pagará políticamente la izquierda y lo está pagando la ciudad.
