Del paramilitarismo a las autodefensas

Del paramilitarismo a las autodefensas

Los riesgos de ese tipo la violencia social ejercida por los llamados grupos de autodefensa michoacanos son muy altos.

Primero porque la violencia que ejercen las autodefensas ha dejado de ser espontánea y se ha vuelto orgánica: tienen armamento así sea rudimentario, mantienen una estructura jerárquica elemental y una cadena de mando, sostienen operaciones armadas, controlan territorios y, lo que las marca su carácter paramilitar: persiguen fines similares, aunque por vías legales, a las de las instituciones de gobierno encargadas de la seguridad.

En apenas un año de operaciones, las nuevas autodefensas, alimentadas ya sea por la inacción, la indiferencia o el apoyo secreto por parte de entidades civiles o militares del gobierno, controlan parcialmente al menos 11 de los 113 municipios de Michoacán, exhiben armas largas y vehículos con distintivos paramilitares, y han avanzado, como si fuera una fuerza guerrillera, tomando poblados controlados por Los Caballeros Templarios, el grupo criminal que ha asolado a los michoacanos mediante el terror y la extorsión.

Este carácter orgánico y paramilitar hace que las autodefensas puedan constituirse en una violencia alternativa muy difícil de contener. Alejadas de la brutalidad de los grupos criminales, las autodefensas ejercen violencia en forma selectiva y la dirigen sólo contra otros ciudadanos, empresarios o funcionarios públicos que están supuestamente asociados con Los Caballeros Templarios. De esta forma, las autodefensas pretenden ejercer una violencia “legítima”, operada por ciudadanos que tomaron las armas debido al cansancio de ser víctimas de la violencia criminal y la corrupción gubernamental.

La supuesta “legitimidad” inhibe la aplicación de fuerza policial o militar en contra de las autodefensas y les da a los ciudadanos armados un margen de acción y una dosis de impunidad más alta.

Segundo, el riesgo es elevado porque las autodefensas suman su propia violencia a una condición de por sí crítica en el sureste mexicano, afectada por el enfrentamiento armado entre las propias bandas criminales y entre éstas y las fuerzas gubernamentales. Michoacán no ha vivido una situación estable desde que el gobierno anterior decidió saturar el estado con efectivos del Ejército en 2006 para contener la violencia originada por los narcotraficantes.

En tercer lugar, el hecho de que las autodefensas operen en su propio estado y se acuartelen en sus propias comunidades hace difícil cualquier intento de desarme.

Un riesgo adicional, el cuarto en esta lista, consiste en la posibilidad de que las autodefensas tomen el camino de la criminalidad y emerjan como los nuevos jefes de la extorsión y el narcotráfico.

En el pasado reciente hemos tenido ejemplos amargos de paramilitarismo que termina en criminalidad. Quizá el ejemplo más notorio sea el de la Brigada Blanca, un grupo paramilitar creado a finales del gobierno de Luis Echeverría Álvarez en 1976 para exterminar a los movimientos guerrilleros del país, que suspendió sus operaciones pero luego se incorporó a las filas de la delincuencia organizada.

Casi 20 años después, el Ejército mexicano estimuló secretamente la creación de grupos de civiles armados que se encargarían de contener el movimiento de las comunidades indígenas simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas.

Al igual que en Chiapas y tal como ha sucedido con la mayoría de los grupos paramilitares en México, las autodefensas podrían mantener su capacidad de violencia y encaminarse ellas mismas por las vías de la criminalidad.

El gobierno mexicano ha lanzado ahora una operación militar de grandes dimensiones para controlar y desarmar a las autodefensas en Michoacán, pero aún no está claro si la simple movilización militar va a lograr ese objetivo. El desarme de grupos paramilitares suele ser un fenómeno lento, complejo y no siempre completo. Michoacán ha sido por décadas un estado abandonado a su suerte: guardias blancas, matanzas de líderes campesinos y de opositores políticos, atentados terroristas, emergencia de grupos criminales fundamentalistas como La Familia Michoacana, oleadas militares que parecen inútiles frente a la inestabilidad social y política en el estado.

No existe lamentablemente ninguna fórmula para reducir el problema de la criminalidad y la violencia ciudadana a través de las autodefensas. La única vía sería abrir un hilo de posibilidad a través del respeto a los derechos humanos, una lucha decidida contra la impunidad y corrupción, una contención efectiva de los grupos criminales, guardias blancas y bandas de narcotraficantes, y una coalición social muy amplia que exija paz y democracia plenas en el estado.

Sólo una política integral puede abrir hilos de posibilidad en Michoacán. De otra forma, los vacíos de poder y de legalidad van a ser ocupados por paramilitares o agencias gubernamentales intentando inútilmente resolver los problemas mediante el uso de la fuerza.

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