Medidas inconvenientes

Ahora si es verdad que se les fueron las luces al Gobierno Nacional con las medidas tomadas esta semana para bajarle la temperatura al paro nacional agrario que se les viene encima con la primavera de abril y que le puede aguar la fiesta al accidentado candidato Juan Manuel.

La incoherencia e improvisación de los frustrados e inexpertos burócratas que están tomando esta medidas, permite ver lo desconectado que están con los problemas del campo del país. Echemos un vistazo al manejo de los altos precios de los agroinsumos.

Para bajar los altos precios de los insumos agrícolas al productor, se les ocurrió relanzar la obsoleta tarjeta de crédito del Banco Agrario para compras de Agroinsumos. Tal como lo advertí en el pasado, el resultado fue desastroso porque los proveedores de agroinsumos no iban a ser tan mentecatos de cederle al operador de la tarjeta de crédito el 60% de su comisión de venta y en segundo lugar los cupos de las tarjetas fueron tan pequeños, que no alcanzaban ni para comprar el veneno para matar las hormigas.

No contentos con semejante embarrada, el pasado jueves se les dio por lanzar una línea especial de crédito Finagro para refinanciarle las deudas a los productores que están promoviendo el paro agrario nacional. Esta medida, además de ser politiquera es discriminatoria con el resto de los productores del país. Parecen vainas del cuestionado expresidente de Finagro y Banco Agrario Cesar Pardo Villalba, a quien en el pasado la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos y la Contraloría General de la República declaró fiscalmente responsable a titulo de culpa grave por presuntas faltas en dichos cargos. Esta es la nueva adquisición del ministro de Agricultura Rubén Darío Lizaralde. Que bonita compañía.

Contrario a lo anterior, el Gobierno debió –al igual que hicieron con las medicinas- imponer unos techos en los precios de los agroinsumos y sacar una línea de crédito de factoring que le permitiera a los productores del campo negociar sus facturas de venta ante la banca para poder tener capacidad de adquirir insumos a tiempo con descuentos por pagos de contado.

Otra medida que debe corregirse urgente, es que quienes representen a los productores y recauden la cuota de fomento, no deben ser comercializadores de semillas e insumos, porque terminan defendiendo los intereses de las multinacionales que los producen y no los intereses de sus agremiados. En Perú y Ecuador donde no existe esta práctica perversa, los insumos se consiguen a mitad de precio y los costos de producción de una hectárea de arroz por ejemplo, están alrededor de los 1.300 dólares, contra 2.500 dólares que cuesta acá.

La fórmula que amarra el precio del ACPM al precio internacional del petróleo es otra de las medidas que le quita competitividad al sector productivo. Este método le reporta inmensas utilidades a Ecopetrol pero le quita competitividad al sector productivo, gravando a los tractores, camiones, combinadas, motobombas, etc. Mientras en Ecuador el galón de ACPM cuesta alrededor de US$1,02 en Colombia vale más de 4 dólares.
 Es mejor recaudar impuestos por utilidades de un sector productivo competitivo, que recaudarlos a través de Ecopetrol a costa del deterioro de ese sector productivo.

Por último, el Gobierno debería exonerar del 4×1.000 las operaciones de créditos para el sector y suprimir el IVA al arrendamiento de tierras en un país donde el 90% de los productores de arroz, maíz y algodón, son arrendatarios.

Más que subsidios, lo que están necesitando los productores del campo es acceso rápido y económico a variedades de semillas, tecnologías e insumos que les permita obtener altos rendimientos.

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