Luís Augusto Mora, un ciudadano hasta ahora desconocido, tendrá que pagar una pena de 5 meses por aceptar que cometió el delito de robar 2 cajas de chocolatinas, cuyo valor asciende a $15.100. Es claro que cometió un delito, que el justificarse en que es un “compulsivo” de los chocolates no está bien y que algún castigo debe darse en proporción a su delito. Según la Fiscalía, “por ser un delito de menos de un salario mínimo y por aceptar los cargos imputados, se le debe aplicar la pena más favorable”; pero es claro que su delito tuvo un peso absolutamente contundente de parte de la justicia colombiana.

¡Como es de eficiente este órgano para buscar, encontrar y llevar a juicio estos delincuentes! Como es de complaciente con la idea de permitirles a los asesinos, terroristas y violadores de derechos humanos que tengan penas menores, fuera de la cárcel y de tipo “trabajo social”.

Frente a ese tipo de pronunciamientos “subliminales” que llaman a la impunidad, el procurador advirtió que la Fiscalía no debe seguir apoyando la idea según la cual “los autores de genocidios sí pueden participar en política (…) Hay sectores que se creen que la paz se consigue con la impunidad total”.

Si el deseo del Fiscal sigue aproximándose más al de ser un porrista de la campaña presidencial que el de garante de una sociedad, vamos directo al desnucadero. Estaremos presenciando el ajusticiamiento y señalamiento de cientos de Luis Augusto Mora, mientras a miles de asesinos de las Farc se les garantizará su libertad, participación en política y acceso inmediato al poder.

Lo peor es que están midiendo y juzgando con más severidad al compulsivo del chocolate que a los compulsivos de la sangre, el narcotráfico y el terror.

Siendo así las cosas, no debemos desfallecer en que cada colombiano sepa que estamos en dos escenarios claros: un presidente/candidato que sigue una agenda y recibe órdenes (entre otros) de las Farc, y un candidato que ofrece solo recibir las órdenes de los colombianos que lo eligen. Entre aquel que ofrece traer a referendo la decisión que se tomó casi a escondidas en La Habana y el que exigiría garantías reales, participación directa de las víctimas y cese al fuego para negociar una paz duradera.

Los delitos de lesa humanidad no pueden compararse con el robo menor o una infracción de tránsito. No seré jurista, pero sí llevo muchos años como periodista en los que nunca había visto tanto afán en justificar un válido intento de paz con el pasar por encima de las víctimas.

Su eslogan, para ser más consecuentes con la idea que tienen, debería cambiar entonces a: “hemos entregado mucho país, falta mucho por entregar”.

¡Mi voto sigue siendo por la mano firme y el corazón grande! ¡Zuluaga presidente!

Por si acaso: al cielo una mirada larga; los niños muertos en Fundación y los que fueron asesinados en Tumaco no quedarán en el olvido. Sus vidas se escaparon por nuestra escasa preocupación de no darle prioridad a la infancia y sus necesidades.