No habiendo pasado más de dos años desde la última reforma tributaria, el Gobierno ya anunció su interés de presentar una nueva al Congreso, con el objeto de financiar sus compromisos, que crecieron considerablemente en la presente administración. Si leemos con detenimiento la prensa de los últimos días se observa que la caída de las rentas en el sector de hidrocarburos por los atentados terroristas contra esta industria –lo que explica el desinterés que despertó entre las multinacionales los bloques petroleros que licitó el Gobierno la semana pasada-, y la regla fiscal ya vigente que limita la financiación de gastos del Gobierno vía endeudamiento, lo tienen en apuros.
En recientes declaraciones el ministro de Hacienda demostró que no hay nada más permanente que un impuesto temporal, pues la idea del Gobierno es mantener dos impuestos que pensamos iban a desaparecer: el gravamen a los movimientos financieros (más conocido como 4×1000), y el impuesto al patrimonio para aquellos contribuyentes cuyo patrimonio sea superior a los mil millones de pesos. Preservarlos envía un pésimo mensaje a los inversionistas sobre la seriedad de nuestras instituciones. Respecto al 4×1000, por ejemplo, ya existe una ley que lo reduce gradualmente, de manera que para 2018, la tarifa iba a ser del cero por ciento (0%). Si a esto le sumamos que por ley se eliminó la posibilidad de celebrar contratos de estabilidad jurídica, vemos que Colombia perderá puntos frentes a otras jurisdicciones que también compiten por atraer inversión, por carecer de normas estables.
También se ha hablado del interés del Gobierno en volver delito la evasión fiscal. Si bien parece que ello es aceptable, se vislumbran grandes dificultades en su implementación. Particularmente por los intereses que giran alrededor del tema, pues existe un gran número de personas que mantienen grandes patrimonios en el exterior, entre los que seguramente habrá personas muy influyentes. Por esta razón, si bien la norma debería incluir como delito la omisión de activos, nos parece que finalmente sólo se limitará a la omisión de ingresos.
En conclusión, esta nueva reforma que plantea el Gobierno, además de ser una muestra de la inseguridad jurídica, demuestra un interés inmediatista por buscar soluciones superficiales y no estructurales. Como se ve, la reforma que plantea el Gobierno en esta oportunidad no involucra un ejercicio pensado y proyectado a futuro, por lo que ya se asegura que pronto tendremos otra reforma tributaria. Bien decía Benjamín Franklin que “En la vida lo único seguro son la muerte y los impuestos”.
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Me alegra sobremanera el título honoris causa en derecho constitucional que el pasado fin de semana la Universidad Libre, seccional Cali, le confirió al doctor Iván Vila Casado, honra y prez de las letras nortesantandereanas y orgullo de la Academia de Historia de Norte de Santander. Además, la asignación de plaza de docente en la maestría de derecho constitucional en la misma universidad son triunfos y reconocimientos académicos que Iván merece y nosotros celebramos.
