Debate de odio

Nos dicen que hay que dejar el odio y perdonar a las Farc, pero otra cosa es lo que practican los francotiradores de la moral y ciertos pícaros sin oficio.

El debate político sobre paramilitarismo y narcotráfico, que se llevó a cabo en el Congreso, fue convertido en un pretendido juicio de responsabilidades contra el expresidente Álvaro Uribe, que terminó con veredicto pero todavía sin condena: ¡culpable!

Y es que nada diferente podía esperarse de los amiguetes de las Farc, y de la extrema izquierda en general, que destilan odio contra el expresidente por ser la mayor piedra en el zapato de su proyecto liberticida. Por eso, no hay duda de que dicho debate no fue otra cosa que una expresión más de la combinación de las formas de lucha, y que fue impulsado por las Farc desde La Habana en momentos en que pretenden reescribir la historia de Colombia y hacer una cacería de brujas contra todo lo que les estorbe, con la acusación de haber participado del proyecto paramilitar.

Pero achacarle a Uribe responsabilidades en la génesis del paramilitarismo, y hasta el narcotráfico, cuando estos son fenómenos de vieja data y cuando este ha sido el enemigo número uno de todos los grupos ilegales, es simplemente absurdo. Basta señalar unos mojones históricos.

Uno. Por allá a finales de los 50, cuando Uribe aún vestía de cortos, hasta los grupos germinales de lo que serían las Farc se autoproclamaban como ‘movimientos de autodefensa campesina’, claramente ilegales pero amparados en el derecho que tiene todo ser humano de proteger su vida.

Dos. En 1968, el presidente Lleras Restrepo dio vida legal a los grupos de autodefensa (Ley 48 de 1968) con base en un decreto de Estado de sitio del presidente Guillermo Valencia de 1965. Veinte años después, el presidente Barco los prohibió.

Tres. En 1980, Pablo Escobar y los hermanos Ochoa fundaron el grupo Muerte A Secuestradores (MAS) para dar con el paradero de Martha Nieves Ochoa, secuestrada por el M-19. Ello marcó un quiebre histórico que dio inicio propiamente al paramilitarismo en Colombia y el fenómeno se disparó. Años más tarde, César Gaviria, ministro de Gobierno de la administración Barco, informó que en el país existían 140 grupos paramilitares.

Cuatro. En 1994, el presidente César Gaviria creó las Convivir con la firma de su ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda (Decreto 356 de 1994), y fueron puestas en funcionamiento, a fines de ese año, por el presidente Samper. Después, en 1997, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de las Convivir.

Quinto. En el 2002, Horacio Serpa ganó ampliamente las elecciones en la Costa Atlántica, la región de mayor dominio paramilitar, con 1’013.000 votos contra 710.000 de Uribe. Mancuso dice que financió la campaña, que pagó el transporte de electores en buses y algún material publicitario. Si fuera cierto el apoyo paramilitar, Uribe habría barrido en esa región. En cambio, paradójicamente, ganó en casi todas las zonas de dominio guerrillero. Luego, decir que fue un presidente elegido por el paramilitarismo es un irrespeto contra todo un país: el 52 por ciento lo votó en el 2002; el 64 por ciento en el 2006 y el el 70 por ciento reeligió sus políticas en el 2010.

Sexto. Uribe se pudo aliar con el paramilitarismo para acabar con las Farc, pero prefirió la institucionalidad y acabó con los ‘paras’. Decir que las ‘bacrim’ son los mismos grupos paramilitares es desconocer su esencia, pues estas no son contrarrevolucionarias; al contrario, tienen alianzas con las Farc, como se demostró en la masacre de siete policías en Tierralta (Córdoba).

Tener un enemigo común no quiere decir que se compartan los mismos métodos ni que se sea de la misma laya. Nos dicen que hay que dejar el odio y perdonar a las Farc, pero otra cosa es lo que practican los francotiradores de la moral y ciertos pícaros sin oficio.

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