En fiscalías y juzgados faltan recursos y capacidad investigativa, y un alto porcentaje de los delitos cotidianos, los que más afectan al colombiano promedio, queda sin castigo.

En materia de opinión pública, no se me ocurre un hecho más grave para la legitimidad de las instituciones: la justicia en conjunto, así como sus principales organismos de modo individual, se raja feo en la más reciente encuesta Gallup Poll. El 79 % de los encuestados tiene una opinión desfavorable del sistema judicial, contra solo un 17 % que la tiene favorable. Le va mejor al Congreso (69 % desfavorable), que ya es mucho decir.

La Fiscalía General, otrora favorita de la opinión que veía en los fiscales a valientes luchadores contra las mafias y la corrupción, es rajada por los encuestados. Desde su creación hasta mediados del 2012, cuando empezó a caer, la imagen favorable de la Fiscalía solía moverse entre 65 % y 75 %. Y ahora, en esta medición de Gallup, se hundió por primera vez en terreno negativo: 41 % de imagen favorable contra 52 % de desfavorable.

La Corte Constitucional, que alguna vez fue la de mejor imagen, rondando el 70 %, llevaba dos años alrededor de los 50 puntos. Ahora cayó a 41 % y, al igual que la Fiscalía, por primera vez entró en negativo: su imagen desfavorable está en 43 %. La Procuraduría General ha tenido una evolución parecida: de los 70 puntos y más que solía marcar su imagen favorable entre el 2006 y el 2012, ahora tiene 42 % contra 46 % de desfavorable.

Pero el gran premio al desastre se lo lleva la Corte Suprema. Venía mal desde hace cuatro años, se puso peor en el 2012, cuando el registro negativo superó al positivo, y ahora se hundió en las profundidades: 55 % de imagen desfavorable contra apenas 32 % de favorable.

No hay una sino muchas razones para entenderlo. La primera es la convicción de que las altas cortes y los organismos judiciales cedieron a la politización, se alinearon en uno u otro de los bandos de la polarización política y se convirtieron en instrumento de lucha en plena campaña electoral.

La segunda razón estriba en las evidencias de que en la cúpula judicial imperan roscas cuyos integrantes se cruzan favores para conseguir mejores jubilaciones y hasta le otorgan una palomita en la presidencia de un alto tribunal a algún magistrado que se muere de ganas de tener pasaporte diplomático. Y lo peor: el tráfico de fallos, con millonarias comisiones de por medio, que nadie investiga porque en la justicia todos dan la impresión de taparse con la misma cobija.

La tercera razón es la impunidad: mientras ese mundillo indigno manda en los grandes despachos, en fiscalías y juzgados faltan recursos y capacidad investigativa, y un alto porcentaje de los delitos cotidianos, los que más afectan al colombiano promedio, queda sin castigo. Hay otros elementos del desastre, como el poder que tiene la corriente izquierdosa en algunos tribunales donde suelen llenar de garantías a un funcionario de su mismo color político, mientras le clavan la peor de las sentencias a Andrés Camargo tras aceptar los magistrados que no pudieron examinar las pruebas.

Como a la mayoría de los colombianos, me desagrada que ex altos funcionarios huyan del país cuando duros fallos se les vienen encima. Ni siquiera la evidencia de que están siendo acosados por un cada vez más dudoso aparato judicial los justifica. Pero el hecho de que varios países les estén otorgando cobijo tiene que ver con que, al igual que a la opinión nacional, a los gobiernos extranjeros les parece que algo huele muy mal en la justicia colombiana.

Mientras esto ocurre, el Gobierno presenta un proyecto bastante tímido de reforma del Estado que, feamente negociado con las altas instancias judiciales –como lo denunció la senadora Claudia López–, ya no justifica el pomposo anuncio del Ejecutivo de lograr el “equilibrio de poderes”. El mamarracho que están cocinando en el Congreso debe llamarse más bien de “intercambio de favores”. Ojalá se hunda.