Con semejante hueco, los debates presupuestal y tributario requieren serenidad y transparencia.
Santos dijo un día que haría chillar a los ricos. Lo recuerdo. Pero no dijo que también chillarían la clase media y los pobres, en coro con los asalariados que ya lo están haciendo.
Es tan grave el hueco presupuestal que el Gobierno propuso dañinos recortes para el 2015 en ministerios de Justicia, Ambiente, Cultura, Transporte, Comunicaciones, Industria, Comercio y Turismo, entre otros. Cae la inversión en 14 de 28 sectores. Y aunque ya aceptó que está desfinanciado en 12,5 billones (la Contraloría dice que son más de 20), aún no admite que ni aplazando el desmonte del 4 por 1.000 y reimplantando el impuesto de patrimonio será suficiente.
Ante el tamaño del asunto, gremios, académicos, senadores y columnistas decidieron romper el conjuro de silencio que rodea al presupuesto. No es asunto de oposición. Alarmas prenden voces calificadas como Fedesarrollo y Anif, Armando Montenegro, José R. Acosta, Gonzalo Palau, o senadores como el estudioso Iván Duque, quien preparó un riguroso análisis en dos tomos del proyecto de presupuesto y un documento analítico de coyuntura, radicado como constancia parlamentaria que recomiendo leer.
Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, ha desnudado la crisis que galopa en el sector y que demanda atención prioritaria, pues golpea la médula de la sostenibilidad fiscal. El marco de mediano plazo está errado: la producción petrolera no será de 1 millón de barriles, sino que andará por 850.000 promedio en un sector cuya contribución representa alrededor del 20 % de los ingresos de la Nación. Bruce Mc Master, presidente de la Andi, parece preocupado por los peligros del neopopulismo laboral que puede afectar la industria (así lo entiendo yo) y Rudolf Hommes advierte la necesidad de corregir un modelo arancelario antiindustria.
Hay más. Germán Vargas, me cuentan, hizo gran presentación sobre infraestructura en Asobancaria, mientras en corrillos Hacienda ponía en duda su financiación por cerca de 50 billones. Gina Parody, que arranca con ímpetu, a pesar del esfuerzo ya registrado, aún necesitaría cerca de 7 billones adicionales por año, que en Hacienda dicen no tener. Las 300.000 casas gratis que alcanzó a prometer Santos en la campaña del país de las maravillas valen otros 12 billones que no están financiados. Y la factura pensional vale 35 billones.
Las Farc, en cambio, no chillarán. Sergio Jaramillo decidió romper su austeridad verbal para decir a los cuatro vientos que todo lo que se acuerde con las Farc tiene financiación asegurada, más allá del Conpes de posconflicto, que vale 54 billones en 10 años. Lo que no incluyó fue la platica para cumplir viejas promesas a policías y soldados, que seguirán viendo un chispero.
Mientras tanto, el Dane publica índices que prueban que el fuerte incremento de gasto no mejoró la situación de desigualdad (Gini) en el último año y que, por el contrario, empeoró en las principales 13 ciudades del país.
Alto y claro. Antes de implantar nuevos impuestos que se ven venir, el Gobierno debe precisar cómo mejorará la calidad del gasto, cómo afinará su batalla anticorrupción y cómo reversará el incremento burocrático y los gastos en propaganda y eventos que, según la Contraloría, costaron 2 billones de pesos (2010-2014), equivalentes al incremento de 1 punto del IVA, que están estudiando.
Quienes visiten hoy el vecindario de la plaza de Bolívar podrán percibir un olor a mermelada prémium. El estudio del senador Duque lo confirma. Si la discusión presupuestal no se hace pública, lo que se disfraza como inversión regional virtuosa puede terminar empacado en abundantes potes que operan a manera de incentivo para que el Congreso apruebe a ojo cerrado cualquier presupuesto y cualquier impuesto a cargo de los contribuyentes con peligrosos pupitrazos de medianoche.
