Es hilarante el argumento de que los jóvenes activistas venezolanos fueron expulsados por razones de "seguridad nacional".

Dudo mucho de que el gobierno de Santos hubiera expulsado del país a verdaderos activistas políticos que estuvieran haciendo proselitismo duro, si estos fueran chavistas en vez de opositores de la dictadura de Maduro. No me sorprende, en cambio, que les eche el guante a estos últimos y se los entregue a un régimen que se ha convertido en el primer violador de los derechos humanos en la región, pues lo mismo había hecho ya con el ecuatoriano Fernando Balda, secuestrado en las calles de Bogotá y entregado a las autoridades de su país, donde lo mantienen en una mazmorra.

Es hilarante el argumento de que los jóvenes activistas venezolanos fueron expulsados por razones de “seguridad nacional”. A menos, sí, que Maduro haya amenazado con los Sukhoi, como hacía el difunto ‘Chávez Nuestro’. También es ridículo atribuirles ‘ataques’ a personalidades locales cuando lo único que hizo uno de ellos, meses atrás, fue reclamarle a Antonio Navarro Wolff una supuesta falta de solidaridad con los universitarios venezolanos por los asesinatos y demás atropellos de que son víctimas en su país. Por rehuir el debate, el joven lo llamó “cobarde”, y Navarro casi le pega. Ese joven, casi un niño, es el que pone en peligro nuestra ‘seguridad’ y al que algunos tildan de nazi.

Algo va de ‘activistas’ a ‘terroristas’, sobre todo cuando ese activismo no es de los que tienen detrás un brazo armado. Y no es coherente que un gobierno que se dice democrático trate a los unos como si se tratara de los otros, entregándoselos, precisamente, a un régimen que hace todo lo contrario, como es albergar terroristas y negarse a entregarlos a un Estado legítimo, que los reclama para impartir justicia.

Tal vez crea el presidente Santos que el proceso con las Farc va a acelerarse si colabora en todo con el gobierno despótico de Venezuela, como cuando le envió al narcotraficante Walid Makled a cambio del ‘Cantante de las Farc’, cuya entrega a las autoridades colombianas nunca se cumplió. Pero Santos se equivoca de nuevo y sus genuflexiones no le van a desempantanar ese largo sainete, cuyos únicos avances concretos, luego de dos años, son los que representan el resurgimiento de un grupo terrorista que estaba vencido.

Hoy las Farc se consideran “parte” igual al Estado, desprecian a las víctimas, como lo son Clara Rojas y el general Mendieta, y se atreven a hacer argumentaciones tan desfachatadas como la de que sus innumerables crímenes “no pueden ser considerados como el producto exclusivo de una determinación subjetiva”, sino fruto “del proyecto político de la toma del poder”. Si los colombianos no conocemos los ‘avances’ de esa negociación, como lo evidencia un estudio del Gobierno, es porque no hay avances; las simples promesas y las meras expectativas no cuentan.

Lo que los colombianos vemos a diario son más acciones de guerra, más cinismo en las declaraciones de las Farc y la reiteración de la burla que le hicieron al país en el Caguán. No son pocos los que aseguran que se han hecho concesiones de tal calado que, si se hacen públicas, la reacción nacional sería tan fuerte que se rompería el proceso. Teoría que es el sustento de la historieta del hacker Sepúlveda, ficción garrapateada por alguien que dizque, con tragos y sin ellos, asegura que Santos le debe la reelección.

Hasta el mismo Santos ha dicho que “cada punto de lo que se está negociando puede ser muy mal interpretado”, pero que otra cosa es el paquete entero… Así es muy difícil tenerle fe a este proceso. Y vamos a ver qué camino toma la reforma para el equilibrio de poderes, no sea que termine convirtiendo a este gobierno en una autocracia como la del país vecino, que parece tener jurisdicción aquí.