La tragedia venezolana se queda además sin quien la denuncie. Razón de más para que en Colombia dejemos de guardar este cómplice silencio.
Casi tanto como la tragedia que vive Venezuela, me aterra la indiferencia con que los colombianos la seguimos. El silencio del Gobierno Nacional es justificado, por voceros y defensores de la administración de Juan Manuel Santos, con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro al proceso de negociación con las Farc. A estas alturas, se trata de una excusa tan manida como falsa: si es cierto, como dicen los negociadores del Gobierno en la mesa de La Habana, que los avances alcanzados son enormes, el proceso no debería tener reversa, ni siquiera si Maduro se molesta con Colombia.
Pero que el Gobierno prefiera taparse la boca no quiere decir que todos debamos imitarlo. La dimensión del drama que viven los venezolanos es enorme y espeluznante. La inflación de los doce meses recientes supera el 63 por ciento, por mucho la más alta del continente, impulsada por una escasez de alimentos y otros productos en niveles que alcanzan, en algunos rubros, el 70 por ciento.
La agricultura está postrada: las expropiaciones a los terratenientes y la concesión de tierras a los campesinos no fueron acompañadas de políticas de financiación y asistencia técnica, y el agro dejó de producir lácteos, carne y granos, que hoy urge importar. Pero, como venderle a Venezuela es un riesgo porque el régimen de Maduro no autoriza los dólares a los importadores, esos productos han dejado de llegar.
Cientos de grandes plantas industriales han cerrado y decenas de miles de pequeñas y medianas empresas desaparecieron. El caso de la salud es pavoroso: la escasez de insumos en los hospitales alcanza niveles del 60 por ciento y para muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, faltan las medicinas.
La pobreza pasó de niveles de 21 por ciento, a los que había bajado en los primeros años del chavismo, a más del 27: esto a 2012, pues desde hace meses, el INE (el Dane de allá) dejó de publicar esas cifras. Se trata de un nivel muy similar al de Colombia, con la diferencia fundamental de la tendencia: acá va bajando y allá, subiendo. Y con una consideración que convierte en imperdonables los pecados del chavismo: ese empobrecimiento ocurre justo después de que Venezuela viviera la mayor bonanza petrolera de su historia, que en solo impuestos le dejó al fisco unos 350.000 millones de dólares, sin contar los aportes por 150.000 millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA a supuestos programas sociales.
¿Qué pasó con esa plata? Una porción significativa está en los bolsillos de dirigentes chavistas y amigos del régimen, los boliburgueses, que exhiben sus camionetas Hummer, sus Rolex de oro y diamantes y su ropa de marca. Pero ahora que la crisis golpea y la miseria se dispara, las mafias de la corrupción chavista están al borde de la guerra civil, como lo demuestra el asesinato del joven diputado Robert Serra, por el que están detenidos dos de sus escoltas y hay un cruce de acusaciones en que incluso ha saltado el nombre del ministro del Interior, Miguel Rodríguez.
No fueron entonces, como dijo Maduro y repitió el expresidente Ernesto Samper, en su calidad de secretario de Unasur, los paramilitares colombianos los autores del crimen. Cómo será que hasta la canciller colombiana, María Ángela Holguín, tan cercana a Samper, tuvo que llamarle la atención por esas declaraciones. El crimen evidencia una guerra de bandas corruptas, que se suma a la galopante inseguridad que domina a Venezuela, con 25.000 muertes violentas al año.
Todo esto mientras una justicia al servicio del régimen encarcela a cientos de opositores, y la falta de papel (Maduro sólo autoriza su importación a los medios afines a él) obliga al cierre de decenas de diarios. De ese modo, la tragedia venezolana se queda además sin quien la denuncie. Razón de más para que en Colombia dejemos de guardar este cómplice silencio.
