¿Halagos al terrorismo?

Desde 1998, la política colombiana gira entorno a la guerra y la paz. Cuando Colombia eligió a Andrés Pastrana, lo hizo con el anhelo de alcanzar una salida negociada con unas Farc que para la época se mostraban victoriosas en el campo militar. Buena parte del territorio nacional estaba, en la práctica, bajo dominio del terrorismo.

El proceso de paz de Pastrana no dio resultado. La guerrilla engañó al gobierno y al país que les apostó todo a la negociación.

Confirmado estaba que la reconciliación nacional se alcanzaría partiendo de la base de un Estado fuerte y decidido en el ejercicio democrático de la autoridad. Como lo recordó hace unos días el ex Alto Comisionado Luis Carlos Restrepo, era perentoria la aplicación del uso delicado de la fuerza.

Y aquel fue el discurso con el que llegó Alvaro Uribe a la Presidencia de la República: una política que les garantizara seguridad a todos los ciudadanos, sin distingo alguno, y el ejercicio de la autoridad combinado con generosidad, para que los integrantes de las estructuras armadas ilegales pudieran reincorporarse a la civilidad.

El resultado fue el esperado: El 100% de los municipios de Colombia tuvieron presencia efectiva de la Fuerza Pública, la seguridad llegó a regiones históricamente abandonadas a su suerte; las carreteras, que vergonzosamente estaban dominadas por una guerrilla que establecía retenes a su antojo, fueron recuperadas gracias al programa “vive Colombia, viaja por ella”.

Paralelamente se hicieron todos los esfuerzos para buscar un acercamiento con los ilegales. Era prioritario ponerle fin a la tragedia que padecían los colombianos secuestrados por la guerrilla. El país fue testigo de todo lo que el gobierno hizo para que, como en efecto sucedió, los secuestrados recuperaran su libertad.

Los procesos de paz deben medirse por su efectividad y no por los anuncios pomposos que generan titulares de prensa. Mientras se ponía en marcha la Seguridad Democrática, el gobierno del presidente Uribe propició la desmovilización de integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley. Las estructuras de las AUC se desmovilizaron y, de manera individual, más de 18.000 guerrilleros se reincorporaron a la vida civil. Esa cifra nos demuestra que en el gobierno de Uribe se produjo el más grande proceso de paz de la historia de Colombia: más de 50.000 hombres que otrora estaban en armas contra el Estado, las entregaron y se sometieron a las reglas de juego democráticas.

Ahora, el gobierno ha redactado un libreto para que sus secuaces en el Congreso lo repitan con el único ánimo de tratar de mostrar al urbismo como una corriente política contradictoria.

Se ha dicho calumniosamente que el doctor Luis Carlos Restrepo “halagó” a las Farc con contratos en la cordillera que separa al Valle y al Tolima. ¡Mentira cruel!. En esa zona, que durante más de 20 años estuvo bajo el dominio del jefe terrorista Alfonso Cano, se adelantó un ambicioso y multimillonario proyecto para hacer presencia efectiva del Estado. Se construyeron, como ya se ha dicho, carreteras, puentes, acueductos, escuelas y puestos de salud.

Pero lo más importante de todo: se construyó una estratégica estación de policía en el corregimiento de Barragán. ¿Van a decir que el gobierno agradó a las Farc construyendo estaciones de policía desde las que se contuvo el accionar criminal de los terroristas? Resulta contraevidente la acusación de los correveidiles del gobierno nacional.

Los uribistas no somos vergonzantes, ni hacemos política a espaldas de los colombianos. Todo lo que en el gobierno del presidente Uribe se hizo para alcanzar la paz fue oportunamente informado. Con prudencia, pero con transparencia.

De lo único que merecidamente nos pueden “acusar” es de haber debilitado a la criminalidad y de haberle devuelto la calma al país, hecho que, al parecer, aún le duele a muchos amigos agazapados del terrorismo.

Representante a la Cámara
 
 
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