Voz de pueblo, voz de Dios. Ese inteligente dicho popular resume el sentimiento nacional referente al sorprendente y escandaloso número de asesinatos políticos ocurridos en Venezuela desde hace algunos meses. En definitiva, los venezolanos creen que la verdadera causa de esas muertes es un delicado enfrentamiento surgido en las filas del chavismo. El esfuerzo realizado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, y otros líderes del PSUV, buscando responsabilizar a la oposición democrática mediante la inaceptable calumnia contra Henrique Salas Römer, Carlos Berrizbeitia, y unos supuestos paramilitares no ha convencido a nadie. La mejor demostración son las numerosas fotografías que han circulado por internet, en las cuales se demuestran los vínculos existentes entre los líderes asesinados y los muertos ocurridos en el operativo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.
De todas maneras, un hecho de esa gravedad debe de tener alguna explicación. He reflexionado sobre dicho asunto. Sin lugar a dudas, deben de existir distintas causas para que pueda generarse una situación tan delicada de anarquía en un sistema político. La primera causa, a mi criterio, es el débil liderazgo de Nicolás Maduro, surgido, de manera sorprendente, después de la carismática figura de Hugo Chávez. Su autoridad personal es muy débil. Sólo tiene alguna influencia en los acontecimientos que ocurren como consecuencia de su autoridad presidencial, pero permanentemente es cuestionada por distintos actores políticos del PSUV que se consideran con mayores derechos para ejercer dicho cargo. Además de esta circunstancia coyuntural, el régimen presenta un conjunto de causas estructurales que exigen la existencia de un fuerte y arbitrario liderazgo, desaparecido con la muerte de Hugo Chávez.
El régimen chavista, se caracterizó, desde su inicio, por tener dos bases de sustentación: amplios sectores populares y el apoyo de un número relativamente importante de miembros de la Fuerza Armada. Esta realidad se modificó ampliamente a partir de los acontecimientos del 11 de abril de 2002. Hugo Chávez ratificó ese día su tradicional desconfianza en la lealtad de la Fuerza Armada. De inmediato empezó a debilitar sus principales valores profesionales, buscando crear, al mismo tiempo, dos organizaciones armadas que sirvieran de equilibrio a una posible acción militar: la Milicia Bolivariana y los Colectivos Revolucionarios. Esta acción, no sólo fue inconstitucional sino totalmente irresponsable al repartir armamento de guerra sin ningún control. Esa ha sido la causa fundamental del incremento de la violencia. Para colmo, se ha perdido el control de los Colectivos representando un verdadero riesgo para la estabilidad nacional.
Lo más doloroso de lo que ocurre permanentemente en los sectores populares es que algunos miembros de los colectivos se aprovechan de la posición de privilegio que tienen con el régimen revolucionario para extorsionar y abusar del poder en menoscabo de los derechos ciudadanos. Esta es una verdad que la conoce perfectamente nuestro pueblo humilde. La sufre todos los días, al tener que permanecer en sus casas durante la noche, muchas veces con sus hijos durmiendo en el suelo, para evitar que una bala perdida le cause la muerte. Eso no es todo, en ocasiones se ven obligados a pagar peaje, cuando regresan del trabajo, para poder subir hasta sus casas. Esta realidad está a la vista. No necesita de ningún estudio sociológico para poder encontrar alguna solución. Lo único que exige es un gobierno que cumpla sus obligaciones…
El principio fundamental de la seguridad del Estado es uno solo: el monopolio de las armas de guerra lo debe tener exclusivamente la Fuerza Armada Nacional y los organismos de seguridad. Ha sido tal la falta de control y la irresponsabilidad del régimen chavista que permanentemente los delincuentes se encuentran mejor armados que los organismos policiales y de seguridad, equiparándose en muchas oportunidades con el equipamiento de las unidades militares. Esta realidad se percibe claramente y es la causa fundamental del elevado número de muertos que ocurren en los cuerpos policiales. La política de desarme planteada por el general Miguel Rodríguez Torres es acertada, pero exige que se establezca como objetivo el desarme de los colectivos revolucionarios. De no hacerse, se fracasará estruendosamente. Venezuela exige ese compromiso. No es un problema ideológico sino de un mínimo patriotismo.
