Acerca de la paz y la justicia

El debate relacionado con la necesidad de hacer justicia, sin que ella imposibilite el logro de la paz por la vía de las conversaciones, se ha dado infinidad de veces en Colombia y en muchos otros países. En esta materia, así como en más temas que tienen que ver con asuntos tan complejos, la verdad es que no hay modelos. Existen experiencias que pueden servir como puntos de referencia útiles. Pero, al final, es cada sociedad la que encuentra el camino a la luz de sus propias realidades.

En el caso colombiano se tiene una ya larga tradición. Siempre que se expidieron leyes de amnistía o indulto, se tuvo el buen cuidado de excluir determinadas conductas, particularmente graves, de la posibilidad de considerarlas como conexas al delito político.

Puede decirse que, aun cuando esas decisiones eran aceptables tanto jurídica como políticamente, en nuestro país se optó por cerrarle la puerta a la impunidad total. De esa manera se ha actuado históricamente.

Ahora bien, a partir de 2002, año en el que entró en vigor el Estatuto de Roma, los suscriptores de ese instrumento internacional se comprometieron a investigar y juzgar a los autores de crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra y de agresión.

De otro lado, aceptaron, igualmente, la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional para hacerlo, cuando un Estado incumple la obligación mencionada, porque no quiere o no puede actuar.

Lo anterior quiere decir que el reto de encontrar un adecuado equilibrio entre la paz y la justicia es mayor hoy día.

Y la respuesta a ese desafío no será el resultado de una batalla verbal que impida la reflexión serena.

Los hechos, que no pueden dejar de tenerse en cuenta, son los hechos.

¿Cuáles son ellos?

Tal y como se dijo antes, nuestra tradición se ha inclinado por rechazar la impunidad total. En segundo lugar, Colombia suscribió el Estatuto de Roma y adquirió los compromisos que se consagran en dicho tratado.

Finalmente, las decisiones de la Corte Penal Internacional, desde su fundación, se han dirigido a cumplir con el objetivo de que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional no queden sin castigo. Este es el marco en el que debe moverse el Estado colombiano.

Por eso le hace tanto daño a la búsqueda del camino apropiado proclamar que, según algunos, se puede obrar como si fuéramos una isla sin vínculos con la comunidad internacional. O decir que recordar las obligaciones que se tienen es sabotear las conversaciones en Cuba. Tampoco ayuda eso de llamar amigos de la guerra a quienes reclaman paz sin impunidad.

En este orden de ideas es muy oportuno que la fiscal de la CPI haya recordado que los culpables de los delitos que contempla el Estatuto de Roma, deben ser condenados a pena privativa de la libertad.

Y no hay lugar a interpretaciones.

En dicho instrumento internacional, la única pena que se contempla es la reclusión, a la cual se le puede agregar por parte de la CPI la multa y / o el decomiso.

¡Así de claro!

Lo que más le conviene a la búsqueda de la paz es diseñar opciones que permitan encontrar salidas sin violar las obligaciones que se tienen.