Certidumbres e inquietudes. Pruebas dudosas

Certidumbres e inquietudes. Pruebas dudosas

No fue bien recibida en el país la decisión del Consejo Superior de la Judicatura en el sentido de practicar  los exámenes para la selección de jueces y magistrados con miras a proveer las vacantes existentes, no obstante las denuncias sobre fraudulenta distribución de cuestionarios,  más aún, cuando -tenemos entendido- se había proferido una providencia de tutela que, de manera preventiva, ordenaba no llevarlos a cabo.

Unos días antes de la fecha señalada para los exámenes, la prensa informaba que el presidente del Consejo se había dirigido a la Fiscalía General de la Nación con el fin de solicitarle que investigara denuncias de jueces de Samaniego (Nariño) acerca de una posible ilícita comercialización de textos con las preguntas que se irían a formular y las respuestas correspondientes. De acuerdo con esas denuncias, algunas personas ofrecían en venta esos elementos, lo que, desde luego, significaba una sombra de duda acerca de la transparencia del concurso.

El magistrado remitió a la Fiscalía la información, pero, fundado en lo asegurado por sus subalternos, confió en que los protocolos de seguridad no se habían violado y que los aspirantes debían estar tranquilos acerca de la idoneidad de los documentos.

En varios lugares del país, los jueces solicitaron que se aplazara la prueba, petición que no fue aceptada, toda vez que, para el Consejo de la Judicatura, estaban dadas las condiciones para efectuar los exámenes, sin perjuicio de detectar  posibles irregularidades.

Con independencia de la mayor o menor seriedad y sustento probatorio de las denuncias -indagación y valoración que corren a cargo de la Fiscalía-, lo cierto es que el asunto no deja de preocupar, particularmente en momentos en que la Rama Judicial presenta un alto nivel de desprestigio, entre otros motivos por la deficiente preparación jurídica de muchos funcionarios y empleados. Si las denuncias estaban fundadas, lo mínimo que se esperaba del Consejo era el cambio de las preguntas, de modo que si alguien -con deplorable falta de honestidad, que de suyo lo inhabilitaba como juez- había accedido a comprar lo que le vendían, se viera enfrentado a un cuestionario enteramente distinto. Se habrían frustrado así los propósitos perseguidos por los delincuentes.

No sabemos si se obró de esa manera. Pero, si se disponía apenas de un cuestionario -lo cual delataría una deficiente preparación de los organizadores de la prueba, ante previsibles situaciones como la denunciada-, lo razonable era aplazar los exámenes, como garantía de transparencia.

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