‘Cese unilateral no se ha cumplido. Santos está engañando’: A. Rangel

Senador Alfredo Rangel dice que Centro Democrático hará 21 propuestas de enmienda para apoyar la paz.

¿Como el expresidente Uribe no da entrevistas escritas, podemos suponer que lo que usted me responderá en esta entrevista es exactamente lo mismo que él respondería?

Las opiniones que voy a expresar son resultado de muchas discusiones que se han realizado dentro del Centro Democrático y que expresan la opinión de la inmensa cantidad de colombianos uribistas, que siguen valorando su legado de seguridad democrática.

O sea, sí. ¿Escuchará el expresidente Uribe voces como la del excomisionado Restrepo y el excandidato Holmes Trujillo, que sugieren mayor apertura del uribismo frente al proceso de paz?

El uribismo siempre ha mantenido una actitud muy crítica, pero muy constructiva frente al proceso. Pero sin que la paz se haga de cualquier manera y a cualquier precio. El Centro Democrático hizo públicas sus 68 críticas a los acuerdos a los que se ha llegado de manera temporal y parcial. Y vamos a publicar en unas semanas 21 propuestas de enmienda, que harían satisfactorios esos acuerdos, lo que demuestra que tenemos una actitud muy constructiva.

¿Eso quiere decir que el uribismo, bajo determinadas condiciones no imposibles, apoyaría el proceso?

Siempre y cuando no se adelanten conversaciones en medio de la violencia y el terrorismo. Para eso proponemos que las Farc se concentren en zonas de ubicación del territorio nacional, con todo su personal y sus armas.

¿El cese unilateral del fuego por parte de las Farc no es un comienzo de ese requisito?

El cese unilateral no se ha cumplido de manera alguna. En eso el presidente Santos está engañando de manera consciente y deliberada a la población. Siguen extorsionando, boleteando, sembrando minas, narcotraficando, reclutando niños, rearmándose, multiplicándose, extendiendo sus frentes. La agenda debería limitarse únicamente a acordar las condiciones de la desmovilización, la reinserción y la entrega de armas, tal y como se ha hecho siempre con todos los otros grupos irregulares que se han desmovilizado en el país.

¿O sea que para ustedes, lo que se lleva de discutido y avanzado en la agenda, no vale?

Las Farc son un grupo violento que no tiene ninguna representatividad social ni legitimidad política en el país como para que el Gobierno negocie con ese grupo la agenda nacional. Como verdugos del campo colombiano, mal se podría definir con ellos el futuro de la política agropecuaria.

Así como usted dice que las Farc no representan al país, en lo que estoy de acuerdo, el Centro Democrático tampoco. ¿Por qué el Gobierno tiene que atender las objeciones uribistas?

Por lo menos 7 millones de colombianos se expresaron en las elecciones presidenciales apoyando y respaldando las críticas que el Centro Democrático ha hecho a estos diálogos. La firma de unos acuerdos de paz no se puede hacer en contra de por lo menos de la mitad de los electores en Colombia.

¿Para eso no es el referendo? ¿Para medir cuántos colombianos quieren esos acuerdos?

No nos oponemos a ningún tipo de consulta o refrendación popular de los acuerdos, siempre y cuando se cumpla con determinadas condiciones: que las Farc se hayan desmovilizado, que hayan entregado las armas, y que si hay algún órgano legislativo transitorio para analizar y refrendar esos acuerdos, como una constituyente limitada, sea conformado completamente por elección popular, en lugar de entregarle a dedo a las Farc la representación del pueblo colombiano. Según las encuestas, más del 80 por ciento de la opinión pública repudia que haya impunidad, que no haya cárcel para los responsables de crímenes de lesa humanidad, que se entreguen curules a quienes han sido responsables de esos crímenes y que no haya una entrega de armas en el momento de la firma de un acuerdo.

¿Eso no lo sabremos exactamente con motivo del referendo?

El Gobierno teme que la población se exprese negativamente si se someten esos acuerdos con sus contenidos a un referendo. Por eso se fueron por la línea electorera para que el referendo se pudiera adelantar simultáneamente con las elecciones. Sabiamente la constitución había establecido que los referendos deberían realizarse aparte, en días diferentes a las elecciones, para que la voluntad popular se expresara sin ninguna distorsión de la que puede ser objeto unidos a unas elecciones regionales o presidenciales.

¿O sea que ustedes tampoco están de acuerdo con este referendo?

Si el referendo se llegara a realizar, deberán cumplirse previamente la desmovilización y entrega de armas, para que los colombianos se expresen libremente, sin ninguna amenaza terrorista. Un referendo con los fusiles al cuello de los votantes no es un acto democrático ni adquiere legitimidad.

Si el referendo se da con las Farc armadas aún no desmovilizadas, ¿ustedes le harán oposición?

Por la improvisación de la que el Gobierno ha hecho gala en todo este proceso, da la casualidad de que ni siquiera la guerrilla está aceptando ese referendo. Sería muy difícil que esos acuerdos se refrendaran y que una de las dos partes a la que el Presidente, por cierto, insiste en equiparar al Gobierno legítimo de los colombianos, rechazara ese referendo. Las Farc están proponiendo una asamblea constituyente que tampoco ha sido aceptada por el Gobierno.

Pero ustedes también la proponen…

No. Una asamblea constituyente no sería oportuna ni conveniente porque podría generar una gran incertidumbre política hacia el futuro. Proponemos un órgano legislativo transitorio que específicamente analice y procese los acuerdos de paz y que no tenga facultad para hacer otro tipo de enmiendas constitucionales, pero compuesto totalmente por elección popular de sus miembros. Nada de regalos gratis de curules a las Farc.

Aprovecho para preguntarle: recientemente el expresidente Uribe se reunió con el Fiscal, una de las personas que más ha apoyado al Gobierno en las propuestas de máxima generosidad judicial con las Farc. ¿Sirvió para algo? ¿Quién debería haber convencido a quién?

Tenía como propósito hablar de una manera franca y abierta de las diferencias con el Fiscal en relación con el tema de la justicia en el marco de los diálogos de paz. Pero desafortunadamente, él no ha variado sus posiciones sobre la justicia para la paz. Y nosotros seguiremos insistiendo en que no puede haber paz con impunidad, porque eso seguirá repitiendo ciclos de violencia hacia el futuro y enviaría un mensaje muy perverso a la sociedad colombiana de que el crimen sí paga en Colombia. ¿Si una persona mata a otra tiene 60 años de cárcel, pero si mata a mil se le perdonan sus crímenes? ¿Y además se le entregan unas curules en el Congreso?

Pero el gobierno Uribe llegó a ofrecer algo a lo que ni siquiera este Gobierno se ha atrevido: zonas de despeje, por ejemplo, de Pradera y Florida… ¡Si eso ya estaba descartado desde el desastre del Caguán!

Era exclusivamente para acordar la liberación de los secuestrados, según una propuesta que en su momento hicieron los gobiernos de Francia, España y Suiza. Nunca se pensó en una especie de Caguán. Lo que nos preocupa ahora es esta actitud del Gobierno que confunde a la fuerza pública y que sí podría convertir a todo el territorio en un Caguán.

¿Se refiere a la confusión que hay sobre una supuesta orden, desmentida por el Presidente, de que se acaben los bombardeos por parte del Ejército?

El Presidente ha creado una enorme confusión entre las FF. AA. y nuevamente está engañando a la opinión pública. Lo que dice el diario El País de España sobre las frases del presidente Santos es cierto. Él estableció que las ofensivas militares ya no podrían continuarse en medio de esta tregua declarada por las Farc. El asesor de paz Shlomo Ben Ami, dijo literalmente que el Gobierno había decidido que las FF. AA. tuvieran mayor cautela y sensibilidad en sus ataques contra las Farc debido a esta situación del mal llamado cese de hostilidades. Eso ha generado inmensa incertidumbre y mayor desmotivación de la fuerza pública, que ya no va a poder bombardear un campamento de las Farc donde se sabe que están extorsionando, o negociando secuestros, o que es un centro de narcotráfico. Según las condiciones que han impuesto, el Ejército debe parar su ofensiva y las Farc tendrían patente de corso para seguir delinquiendo a lo largo y ancho del país. Si el Gobierno ataca algún campamento de la guerrilla, las Farc tendrían el pretexto –y ya lo están utilizando en sus comunicados– para señalar al Gobierno como responsable de haber roto la tregua. El Presidente trata de engañar a la opinión pública en que no ha aceptado el cese bilateral del fuego, cuando en la práctica lo está aceptando.

Póngase la mano en el corazón, como su jefe Uribe: ¿usted realmente cree que Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, miente cuando da su palabra de que no le ha dado tal orden al Ejército?

El Presidente ha engañado de múltiples formas al país y durante tanto tiempo, que es muy difícil creer en su palabra. Sus mensajes siempre son ambiguos, engañosos, un día dice una cosa y al día siguiente la contraria. Yo me quedaría con esa confesión o ida de lengua del asesor Ben Ami, que dijo con claridad cuáles eran las intenciones del Gobierno Nacional de bajar la intensidad del combate contra la guerrilla de las Farc.

¿O sea que ustedes comparten las críticas del expresidente Pastrana al proceso?

Él ha hecho múltiples críticas acertadas que el Gobierno debería tener en consideración, en lugar de desatenderlas, ni siquiera por el hecho del fracaso absoluto del Caguán.

Hablando de ambigüedades, ¿qué tal las del Eln?

El Eln se caracteriza por comunicados que son pura palabrería insustancial. El último es una reiteración de lo mismo. Que eventualmente estarían dispuestos a que ocasionalmente estudiarían la posibilidad de una dejación de armas si el Gobierno estuviera dispuesto a firmar un proceso de paz aceptable para ellos… Una jerigonza tras la que se oculta una falta real de voluntad para la paz.

¿Entonces al fin qué: el uribismo va a ayudar a salvar lo que hay del proceso, o va a contribuir a tirárselo?

Reitero: el Centro Democrático siempre ha sido amigo del proceso de paz, siempre y cuando sea el Estado el que imponga las condiciones a los terroristas y no al contrario.

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