Concordancias y discrepancias sobre la paz

El inicio de un nuevo año es momento propicio para mirar dónde estamos, para dónde vamos y a dónde podemos llegar. En este escrito haré el ejercicio en torno a la paz de Colombia.

Iniciaré por la parte positiva, es decir, la relativa a aquellos asuntos en que es inútil e innecesaria una discusión. Coincidimos, por ejemplo, en que:

Es mejor la paz que la guerra, los beneficios en las esferas social, política, económica, emocional, serían apreciables. Advirtamos que el deseo de paz es apenas un punto de partida que por sí solo es insuficiente.

Es preferible ponerle punto final a este conflicto armado, guerra civil, violencia o amenaza terrorista a la democracia, a través de una negociación. Sobre todo porque nos evitaría muchos sufrimientos y pérdidas de todo tipo.

No habrá una paz perfecta que deje satisfechos a todos, que habrá que tragar sapos, que no habrá justicia total ni verdad completa ni reparación para todos ni reconciliación general, que quedarán heridas por sanar.

Se debe ofrecer garantías de seguridad personal, planes de reinserción y de participación política con observancia de la juridicidad vigente, a los guerrilleros y a sus jefes siempre y cuando se avengan a la paz.

Pero, para situar el debate en sus justos términos, es menester referirnos a aquellos asuntos en los que nos distanciamos de la política del gobierno nacional. Algunos de esos inamovibles, auténticos sapos, ya nos los hicieron tragar mientras hay otros en los que es necesario insistir hasta el cansancio para que el Gobierno no adopte una actitud entreguista con las guerrillas.

Entre los sapos que sin adobos nos hemos tenido que comer los colombianos están los siguientes:

Haber iniciado negociaciones con las FARC sin exigirles el cese unilateral de hostilidades.

Haber igualado a las guerrillas con el Estado echando por la borda la calificación de terroristas que les tenían tanto nuestro Estado como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Haber alargado las negociaciones de meses a años.

Haberles permitido a las FARC extender el ámbito de las conversaciones a la totalidad de la Agenda Nacional, clara consecuencia de haberlos concedido estatus de contraparte del Estado colombiano.

Haber destapado cartas propias de la mesa de negociación a través de funcionarios incondicionales al gobierno como el Fiscal General de la Nación que abusando de sus funciones ha lanzado hipótesis jurídicas de total impunidad para crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Adelantar propuestas de impunidad en materia de derecho internacional como la excarcelación de responsables de crímenes horrendos, ampliación de la conexidad del delito político al narcotráfico, el secuestro y otros crímenes cometidos por guerrilleros aceptando que fueron cometidos en función de fines altruistas.

Ofrecer, sin nada a cambio, el establecimiento de Zonas de Reserva Campesina que estarían bajo el completo dominio y control de las FARC.

Ofrecer reformas socio económicas exigidas por las FARC como si ellas representaran algún sector importante de la sociedad colombiana.

Ofrecer, de antemano, y sin ningún compromiso previo de las guerrillas, leyes como el Marco Jurídico de la Paz y el establecimiento de circunscripciones electorales especiales que las beneficiarían.

Comprometerse a realizar reformas “extraordinarias”, que pueden alterar la Constitución Nacional, para favorecer la firma de la paz.

Abrir la posibilidad de que jefes guerrilleros responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra no paguen cárcel, puedan participar en política electoral y ser nombrados en altos cargos públicos.

Haber aceptado un cese unilateral de hostilidades que en realidad es un cese bilateral y que no se haya exigido la concentración de los guerrilleros para que realizar la verificación por parte de organismos internacionales plenamente neutrales.

Hasta ahí la dieta del sapo. Seguiría otra peor, con lagartos incluidos, si no se hacen valer posiciones y exigencias que se enmarcan en la defensa de nuestra Constitución Política. En síntesis, no estamos de acuerdo con:

Aceptar cese de fuego bilateral ni armisticios puesto que la experiencia histórica demuestra que las guerrillas las aprovechan para fortalecerse.

Abrir la puerta a la idea de “dejación de armas”. Categóricamente debe exigirse la entrega de armas.

Castigar a criminales de guerra y de lesa humanidad con medidas de excarcelación. El Estado y el Gobierno Nacional solo pueden ofrecer penas de cárcel reducidas acordes con la Justicia Transicional y respetando los artículos 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Tampoco estamos de acuerdo en que responsables de tales crímenes participen en política y sean elegibles. Deben, además, reconocer a sus víctimas, contribuir al esclarecimiento de la verdad jurídica y comprometerse a no reincidir en la violencia.

No podremos estar de acuerdo en que el mecanismo que se use para refrendar, improbar o modificar los acuerdos se realice sobre la base de una sola pregunta, sino que, en cualquier caso y bajo cualquier mecanismo, se debe preguntar al constituyente primario o al organismo creado, cada acuerdo por separado.

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