Aceptar una salida negociada del conflicto en Colombia, propiciada por el establecimiento, las Farc y el Eln no significa cerrar los ojos a la realidad y aceptar, a pie juntillas, todo lo que se trace en La Habana.
Desde estas líneas hemos sido enfáticos en decir que Colombia merece la transición; que al país le hace bien acabar con las Farc y con el Eln, y que el camino correcto está regido por un pacto político en una mesa de negociación. Con todos los sacrificios y recovecos políticos, jurídicos, económicos, sociales y constitucionales que eso implica. Hemos sostenido que la negociación no es igual a la paz y que tampoco es la paz de Santos. Es de todos los colombianos. Así quedó consignado en las urnas. Y en un régimen democrático lo allí dicho es vinculante.
Pero debemos ser claros, existen unas condiciones y unas exigencias políticas y jurídicas que a este momento de la historia no son negociables. Y que un proceso de transición no puede omitir. Es por eso que los trinos de Iván Márquez hacen tanto ruido. Afirma este miembro del secretariado y de la comisión negociadora que “el proceso deberá generar un nuevo derecho para lograr la paz. Los colombianos debemos alcanzarla a nuestra manera, sin injerencias extranjeras. Que nos dejen abrir caminos desde nuestra propia realidad, sin intromisiones jurídicas internacionales. Debemos privilegiar el derecho de gentes y la doctrina del margen nacional de interpretación, sobre normativas de los entramados jurídicos”.
Debemos decir con claridad que esta posición es, a lo sumo, ingenua. Un proceso transicional hoy no puede hacerse a espaldas del derecho internacional, nuestra Constitución así lo exige dada la inclusión del bloque de constitucionalidad en sus artículos 93 y 94. En nombre de la paz no podemos saltarnos las directrices que en materia de protección a la sociedad civil, regulación de combatientes y racionalidad del uso de armas ha venido consolidando el derecho internacional y el Derecho Internacional Humanitario a través de todos sus pactos, protocolos, providencias, sentencias y condenas. En nombre de la paz no podemos negar la realidad del conflicto. Un conflicto atroz, sanguinario y bárbaro, prolongado de manera demencial y sin sentido en el tiempo. Lo atroz del conflicto es lo que exige atender las exigencias de las instancias internacionales y la mejor justificación de que el proceso que le dé fin a este derramamiento innecesario de sangre debe seguir su curso.
Un proceso de transición de la lucha armada a la participación política que se libre a puerta cerrada puede acarrear consecuencias nocivas a largo plazo. Se me ocurre mencionar al menos dos, legitimar la intervención de órganos jurisdiccionales internacionales futuros que declaren ilegal e ilegítimo lo acordado en el proceso y darles la razón a los belicistas que se niegan a esta oportunidad de la paz, por creer que todo lo negociado en La Habana es un sainete cercano a la impunidad.
