Las Farc buscan ante todo territorio, y lo están consiguiendo a través de concesiones.

Hoy en día, cuando se habla de paz, se encuentra uno ante dos caminos diametralmente opuestos: el liderado por el presidente Santos –que tiene tras de sí a los partidos de la Unidad Nacional– y el que comparte muchas de las objeciones de Álvaro Uribe y del Centro Democrático. Es una fuerte y muy peligrosa polarización, que no permite a una afiebrada opinión pública discernir con objetividad cuáles son las concesiones que pueden darse o no a las Farc en un acuerdo final.

Aquí no se trata, como suelen decirlo voceros del santismo, además de voces emergentes de la izquierda, de una controversia entre amigos de la paz y amigos de la guerra. Se trata de algo mucho más serio: saber hasta dónde podemos llegar sin que el futuro del país quede peligrosamente hipotecado a opciones propias de las Farc y de sus aliados continentales.

Hay odiosas concesiones que ofenden a más de los siete millones de electores que apoyaron a Zuluaga, pero que resultan inevitables si se quiere llegar a un acuerdo final con las Farc. Una de ellas es el pago de penas. El excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo sugiere un proyecto de alternatividad penal que excluya la cárcel, pero el Centro Democrático ve tal opción como un inadmisible acto de impunidad. Crímenes de lesa humanidad como el de Bojayá o la masacre de los diputados cautivos en el Valle del Cauca no pueden quedar sin castigo, dicen ellos. Y razón no les falta. Sin embargo, vale la pena recordar que todo fin de conflicto puede implicar ausencia o rebaja de sanciones penales para la fuerza insurgente a fin de que abandone la lucha armada y se reintegre a la sociedad.

Otra cosa ocurre cuando esa fuerza insurgente se ha visto obligada a capitular. Infortunadamente, no es el caso de las Farc. Desde el momento en que sus voceros se sentaron en La Habana como contraparte de un conflicto interno, se han considerado en igualdad de condiciones con el Estado. De ahí que, en vez de sanciones, exijan tras la firma del acuerdo ser reconocidas como fuerza política. Es otra de las pretensiones suyas que no pueden ser consideradas inadmisibles. Pero hay muchas otras que sí lo son y que, como lo anota el Centro Democrático, bien pueden cambiar peligrosamente el destino del país.

No nos engañemos. Las Farc buscan ante todo territorio, y lo están consiguiendo a través de concesiones disfrazadas de buenos propósitos. Ejemplo claro de tal engaño son las zonas de reserva campesina, que serían administradas por comunidades agrarias sin intervención directa del Estado y sin la presencia de las Fuerzas Militares. Ahora bien, la realidad es otra, tal como ocurre en el Catatumbo. La guerrilla armada no está presente, pero sí sus líderes agrarios, que les aseguran el control político de la región. Lo mismo va a ocurrir en todas las zonas de reserva campesina que van a aparecer luego de firmar el acuerdo final.

Si a ello le sumamos las tierras de las cuales ya se han apoderado las Farc, bien por las armas o por el dinero del narcotráfico que destinan a la compra de fincas para establecer cultivos de coca, vamos a encontrarnos un día con que este país va a quedar dividido en dos partes; o mejor, en dos Estados. Definitivamente, en las próximas elecciones de octubre las Farc van a mostrar el poder logrado por sus brazos políticos en medio país. Como hoy ocurre en muchos otros lugares de nuestra geografía, agricultores, ganaderos y comerciantes pagarán impuestos a quienes, luego de los acuerdos, sean los sustitutos de las Farc en esas regiones.

Recordar estos riesgos no lo hace a uno enemigo de la paz. Que habrá que hacer concesiones, es un hecho. Pueden aceptarse hasta el no pago de cárcel y la participación en política de exguerrilleros, pero no la entrega de territorios que podría conducirnos a la balcanización del país.