En un año electoral, y con el afán de que la Unidad Nacional conserve o multiplique su cuota de poder en las regiones colombianas, o por lo menos que no la pierda en beneficio de los sectores de la oposición, el Gobierno podría dejar de lado su declarado propósito de realizar un ajuste en las finanzas públicas, necesario después del desplome en los precios del petróleo y la reducción del crecimiento económico con respecto al optimista 4,5% inicial calculado para este año.

Abandonar la decisión de apretarse el cinturón, mientras a los ciudadanos nos piden una cuota de sacrificio a través de pagar más impuestos, producirá solamente un aumento en la desconfianza generalizada en las instituciones, inconveniente si se quiere convocar el apoyo del pueblo a los acuerdos de paz que se suscriban en La Habana.

Los medios de comunicación nacionales coincidieron hace unas semanas en reportar un aumento enorme de la nómina burocrática para 2015. Algunos hablan de una subida de casi 2 billones de pesos, en un nivel que duplica la inflación de 2014. Considerando que con la baja del petróleo y la del crecimiento económico se reducen también los recaudos, este incremento burocrático tendrá consecuencias graves para las finanzas del Estado y todos terminaremos pagando las consecuencias.

Ya se sabe, por ejemplo, que el Plan Nacional de Desarrollo, que el pasado miércoles logró el aval del Conpes, y el viernes fue radicado en el Congreso, bajó en 90 billones de pesos, luego de que en la discusión se consideró la caída en los precios del petróleo. Esto podría significar que los presupuestos nacionales de los próximos 4 años también serían menores.

El Gobierno debe empezar por cortar de una vez por todas el chorro de las órdenes de servicio para pagar favores políticos o para convocar al apoyo electoral en las regiones, y no debe esperar la vigencia de la Ley de Garantías para hacerlo.

A las regiones se les debe dar adecuada y justa participación en el Plan de Desarrollo, y no darle beneficios coyunturales, pues aunque en el texto se menciona reiteradamente el enfoque regional, sobresale la mirada desde lo nacional, desde el centro, como ha sido tradicional en nuestro país a lo largo de la historia republicana.

Debe diseñarse desde lo local fortalecer la gestión territorial con la intervención directa de las regiones, y sobre todo debe prevenirse la corrupción con estrategias efectivas, algo que no parece tener cabida de manera específica en el Plan de Desarrollo, pues se ocupa de esta de manera muy generalizada y sin combatir sus causas.

Esto significa que el Plan debe ocuparse de solucionar los grandes problemas que afectan a las regiones, como por ejemplo, garantizar la cobertura y calidad de la red eléctrica de la región Caribe, empezando por profundizar el debate sobre esta situación que padecen los costeños. También se debería desmontar el incremento desmedido e injusto proyectado en el precio del gas para la Costa Caribe.

Es el momento de acabar con la visión centralista que no deja progresar integralmente a nuestro país.