Imputación penal a la Presidenta
El país puede ir rumbo al abismo
Sin duda el caso del fiscal Alberto Nisman, que investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires en 1994, y los supuestos nexos entre la firma de un tratado comercial entre el Gobierno gaucho e Irán a cambio del cual se habría convenido que el proceso sobre el ataque terrorista no prosperara más, pese a sumar ya 20 años de impunidad, tomó ayer un nuevo cariz, aumentando el suspenso en que mantiene la política de esa nación.
Cuando se conoció semanas atrás la noticia de la extraña muerte del fiscal Alberto Nisman, quien fue encontrado sin vida en su residencia, se produjo una especie de choque eléctrico en los medios de comunicación y la ciudadanía. El diario Clarín, del poderoso grupo económico que ha mantenido una constante disputa con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, publicó la primicia del asesinato del fiscal. A las pocas horas la Mandataria sostuvo que se trataba de un suicidio. Esa apresurada versión oficial polarizó aún más a la población, dado que al día siguiente de la muerte se estableció que no había huellas de pólvora en la mano del fiscal, las que debieron ser causadas por el disparo del arma calibre 22 con que presuntamente se habría quitado la vida. Las dudas ensombrecieron todavía más el panorama cuando al día siguiente la Jefa de Estado cambió la versión inicial y sostuvo que estaba convencida de que no se trataba de un suicidio. Es decir, que pudo existir aquí un crimen. Y más sospechas se despertaron cuando después de los señalamientos de los medios al principal organismo de Inteligencia, la Casa Rosada decidió acabarlo, lo que cayó muy mal entre los políticos no afectos al régimen.
La tormenta que se ha abatido sobre el Gobierno gaucho en las últimas semanas crece cada minuto por cuanto otros funcionarios del Ejecutivo han tenido líos con la justicia y no es la primera vez que un magistrado o un fiscal han sido cercados por la presión oficialista. Pese a ello, el grueso del poder judicial ha respaldado las investigaciones sobre el caso Nisman, al tiempo que rechaza la versión gubernamental de que la justicia intenta un “golpe de Estado” al imputar a la Presidenta por el delito de encubrimiento, como lo decidió ayer el fiscal Gerardo Pollicita. Ante la Cámara Federal de Casación Penal, el poder judicial ripostó al Gobierno que acusar a un funcionario judicial de “golpismo” por impulsar la imputación de la Primera Mandataria “repite un poco la historia que advirtió con Nisman”, en referencia a que éste último había dicho que se “jugaba la vida” con su denuncia en torno del plan de encubrimiento a Irán en la causa AMIA.
La Fiscalía en su alegato para imputar a la Presidenta sostiene que es preciso llegar hasta las últimas consecuencias. Una advertencia que se interpretó en la opinión pública como la firme voluntad de destapar la olla podrida.
Entre tanto, el Gobierno en aprietos sigue atado a la letra del famoso tango Mentira, todo es mentira. Lo cierto es que el hecho es concreto y conmociona a todo el continente: un fiscal federal decidió imputar a la Presidenta, el canciller Héctor Timerman, al piquetero Luis D’Elía y el diputado Andrés Larroque por la denuncia efectuada por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de su muerte. Lo que significa que el Ejecutivo entra en una etapa de interinidad y de falta de credibilidad, lo cual implica, de paso, que la crisis económica se puede agudizar más, existe el riesgo de fuga de capitales y hasta se teme que el país se precipite a un ‘corralito financiero’. Lo más grave es que por ausencia en la palestra de partidos de orden, las fuerzas del caos pueden hacer de la suyas y precipitar el país al derrumbe.
Con el Gobierno en la interinidad, las dificultades aumentan, las pasiones afloran en la política y los insultos van y vienen. Se tiene la impresión de que se ha perdido la razón y la justicia, el Ejecutivo y la oposición se cruzan graves acusaciones, que pueden ser mentiras o verdades pero que, como en el tango, terminan siendo irrelevantes ante la cruda realidad de la descomposición de la democracia día a día. Hasta el momento la sociedad argentina ha decidido respaldar a los fiscales para que se conozca la verdad del caso Nisman y AMIA, puesto que los cargos contra la Presidenta y su equipo deben ser probados en juicio. Entre tanto, el país semeja una gran nave en medio de la tormenta y carente de timonel.
