Conflicto: nunca con los niños

Conflicto: nunca con los niños

Lo que Colombia exige es que no haya ninguna forma de reclutamiento forzado de menores para engrosar aparatos delincuenciales de guerrillas, bacrim o cualquier otra organización ilegal.

La celebración ayer del Día Internacional contra el Reclutamiento Forzado de Menores sirvió para recordar, una vez más, las cifras de uno de los peores crímenes internacionales contra los derechos humanos en el que nuestro país, desafortunadamente, tiene uno de los peores registros del mundo. Que afecta a quienes, según nuestra Constitución, tienen una protección jurídica especial y preferente, cuyos derechos, en teoría, prevalecen sobre los de los demás.

Según cifras reveladas ayer por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre noviembre de 1999 y enero de 2015, el programa de atención especializada de esa entidad atendió 5.708 niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado. Y es Antioquia el departamento más afectado por esa práctica criminal (631 casos).

Según el Ministerio de Defensa, de todos los niños, niñas y adolescentes recuperados o desmovilizados, el 66 por ciento había sido reclutado por las Farc. También son o fueron reclutadores el ELN, las Autodefensas y las bacrim.

En uno de los estudios más exhaustivos realizados en nuestro país sobre este delito (Reclutamiento de niños y niñas como crimen internacional de las Farc en Colombia, del profesor Luis Andrés Fajardo, Universidad Sergio Arboleda), se muestra cómo el reclutamiento forzado de niñas y niños “es un crimen que tiene un efecto nocivo transgeneracional, pues no solo afecta el presente, arrancando de tajo la inocencia de un ser en formación, y llenando de violencia los años que deberían estar rodeados de amor y protección para cualquier ser humano, sino que se destruye el futuro, porque el daño sufrido difícilmente puede ser superado”.

De hecho, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en su más reciente informe para la situación colombiana, reitera su denuncia en el sentido de que “las niñas reclutadas son sometidas a violencia sexual de forma sistemática y repetida, lo que incluye violación, esclavitud, embarazos forzados y abortos”.

En este crimen internacional, como en tantos otros, la responsabilidad de las Farc es innegable. Los estudios de Natalia Springer (2012) indican que hasta la tercera parte de los miembros de las Farc y el ELN son menores de edad. Para el investigador Luis Andrés Fajardo la cifra puede oscilar entre el 44 y el 52 %. Sea cual sea, es una cifra de horror.

Ayer, desde La Habana, las Farc dijeron que en lo sucesivo no “incorporarán” a sus filas a menores de 17 años. Y citan una norma internacional para justificar esa edad, cuando la legislación, tanto la internacional como la colombiana, es clara en fijar la mayoría de edad a los 18 años.

El negociador jefe del Gobierno, Humberto De la Calle, respondió que “saludamos esta decisión que va en la dirección correcta, aunque todavía insuficiente”. El presidente Juan Manuel Santos pareció corregirlo en la tarde, al decir con sentido común que lo que espera Colombia es que no recluten más menores de 18 años, y que los que tienen en filas sean liberados de inmediato.

Quede como constancia que, ante la falta de resultados de la justicia en Colombia para investigar y castigar este delito (“el Derecho no debe ser un obstáculo para la paz”, nos han notificado a los colombianos), ya hay precedentes de condena por parte de la Corte Penal Internacional por reclutamiento forzado de menores (caso Thomas Lubanga, República del Congo, 2012).

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