Una amnistía general tiene que fundarse en la reciprocidad, cosa que no ha existido aquí.

Sergio Jaramillo dijo, en Villavicencio: “En los próximos meses sabremos si vamos a llegar a la paz o no”, lo que deja entrever que este año tampoco habrá firma y, si acaso, apenas se sabrá si el interés de las Farc es real o si –como siempre– están mamando gallo. Y estaba cariacontecido.

Que semejante admonición no haya sido suficientemente divulgada no debe extrañar a nadie. Recordemos los multimillonarios ‘contratos para la paz’ que han recibido numerosas personas jurídicas y naturales con el fin de hablar bien del proceso y callar –o acallar– todo lo que lo perjudique. De hecho, tal vez no existan esos a los que denominan ‘enemigos de la paz’, sino gente que sí puede decir “a mí no me pagaron”.

Y vaya uno a saber en qué grupo está cada cual. Por ejemplo, el fiscal Montealegre tuvo jugosos contratos con el gobierno de Santos, pero de Leonidas Bustos y César Gaviria no tengo noticia. Ya que el uno devenga generosos estipendios como magistrado de la Corte Suprema de Justicia –hoy presidente del máximo altar del Poder Judicial–, y el otro tiene su pensioncita como expresidente de la República, supondría que sus coincidentes opiniones son independientes y desinteresadas, pero en estos tiempos no se sabe. Casos como el de la familia Galán, que ha recibido contratos por 114.000 millones de pesos en los últimos dos años para una tal ‘Escuela de la democracia’, tienden un manto de duda sobre estas personalidades. ¿No era Galán un cruzado contra la corrupción?

El hecho es que las declaraciones de Leonidas Bustos (“el Derecho no puede ser un obstáculo para la paz”) no son ninguna bagatela. Los juristas Hernando Yepes Arcila, Juan Carlos Esguerra y Álvaro Tirado Mejía le enviaron una carta en la que señalan la gravedad de las mismas: “(de sus palabras) …podría concluirse que si determinadas normas o instituciones se erigen como obstáculos para la conquista de la paz, sería válido desconocerlas. (…) ello equivaldría a un golpe de Estado y al surgimiento de un nuevo orden político y social. (…) precisamente, la posición asumida por las Farc”.

Es que, sutilmente, el presidente de la Corte ha propuesto que, en aras de la paz, se les conceda la revolución por contrato a las Farc, otorgándoles el triunfo y, por ende, el poder. Una vulgar capitulación.

Y como la oferta de impunidad total para los terroristas –o ese eufemismo de ‘justicia transicional’– sigue sin calar entre los colombianos, salió César Gaviria con una propuesta, aunque trasnochada, del tamaño de La Catedral: impunidad para todos. Un señuelo que envuelve en huevo el cuento de que todos somos culpables.

Por una parte, se les mete miedo a políticos y empresarios con eso de que en un futuro podrían ser procesados por colaboración con el paramilitarismo. Con las guerrillas no porque, como sabemos, la misma Corte Suprema se encargó de enterrar la ‘Farcpolítica’ cuando les quitó el valor probatorio a los computadores de ‘Reyes’. Sin duda, una jugada para tratar de atraer el apoyo al proceso de sectores afines al uribismo.

Por otra, una oferta poco creíble porque no se ha promovido antes para favorecer a militares presos por casos como el del Palacio de Justicia, porque las leyes de punto final solo se respetan para mantener la impunidad a terroristas de izquierda, porque se pretenderá que cosas como los ‘falsos positivos’ no se consideren parte del conflicto y porque no puede haber igualdad en tanto los ‘paras’ ya pagaron sus ocho años.

Una amnistía general tiene que fundarse en la reciprocidad, cosa que no ha existido aquí. ¿Cuántos ‘parapolíticos’ pagaron cárcel dizque por proponer refundar la patria? ¿No es lo que acaba de hacer el magistrado Bustos?