Hay algo rutinario en las palabras del expresidente Gaviria sobre justicia transicional. No está claro si el propósito era “poner a pensar al país”, como en efecto ocurrió, o lanzarles un salvoconducto a las Fuerzas Militares.

Lo que parecía una introducción a las peculiaridades del conflicto colombiano va transitando, vía justicia transicional, hacia un argumento sobre lo legítimas que son las Fuerzas Armadas. El mensaje es categórico: “nuestra Fuerza Pública debe quedar blindada”.

Y blindada ha estado. Bajo su presidencia, el propio Gaviria devolvió un proyecto avalado por el Congreso que tipificaba la desaparición forzada. Las víctimas de este crimen, del que los perpetradores mayoritarios son el Estado y el paramilitarismo, tuvieron que esperar hasta el año 2000 para ser reconocidas formalmente por una ley. Hay algo entonces bastante repetitivo en la empresa de poner a pensar al país.

No sólo el tema es el mismo (cómo asegurar que los militares se sientan cómodos), sino que el llamado se hace siempre desde arriba, cualquiera que sea la venerable silla expresidencial en la que se decida cuándo y en qué pensar. Otro sería de pronto el resultado si las víctimas legitimaran los llamados a implementar una justicia transicional tan hospitalaria.

Como este no es necesariamente el caso, la justicia transicional evocada recicla y vende conceptos moralmente complicados, como si se tratara de una lista de compras para supermercado. En los términos en que se ha puesto a pensar al país, la transición se hará de una democracia perfecta a una mejor. La reconciliación se hará entre políticos y militares ya reconciliados. La verdad es compatible con leyes de punto final. Y hemos pasado (¿otra transición?) del “todos somos culpables” de la cristiana década del cincuenta a una fórmula más sofisticada: “todos somos inocentes porque todos somos culpables”.

Llegado el momento de ponerle título a tanto pensamiento, sin pudor alguno se evocará alguna suerte de “Nunca más”.