Indigna que, con su exhuberante riqueza, Chocó vea morir a sus niños por beber agua impotable. Que sus personeros despachen en la capital por miedo a los ilegales. ¡Cuántos estigmas, por favor!

El país se escandalizó una semana atrás por las declaraciones del señor Nicolás Gaviria, quien además de hacerse pasar por sobrino del expresidente César Gaviria, les dijo a los policías que lo requirieron que si procedían contra él, los iba a mandar a prestar su servicio en Chocó.

Al margen de la mitomanía que desató la embriaguez en Gaviria, duelen los estigmas que acompañan a menudo las conversaciones coloquiales sobre la imagen de ese departamento, con costas sobre los océanos Pacífico y Atlántico, rico en selvas y agua dulce, en fauna y minerales, pero que no logra salir de una postración histórica forzada por el abandono del Estado central y la corrupción que ha regido buena parte de sus gobiernos locales y regionales.

La amenaza de Gaviria a los policías remite a que “podía” enviarlos al que pareciera el peor de los mundos; es decir, a Chocó. Qué imaginario tan injusto, pero en parte real, gravita sobre los chocoanos: atraso, pobreza, enfermedad, violencia, desorden, aislamiento y corrupción.

La semana comenzó con la denuncia de que, desde julio de 2013 y a la fecha, 19 niños murieron -cinco de ellos ya en 2015- por el consumo de agua mal tratada y enfermedades que eran prevenibles. La denuncia la lideraron Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, cuyos funcionarios fueron testigos, en una visita reciente, de la muerte de una menor en el municipio de Riosucio, bajo Atrato.

Pero a ese panorama se suma el del Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, la capital chocoana. Allí la emergencia sanitaria y de falta de suministros ha sido una constante desde hace diez años. En síntesis, asistimos a una crisis de salubridad indefinida.

Pero como si no fuera suficiente que los niños de Chocó mueran de vómitos y diarreas tratables, sin un sistema de salud medianamente dotado y eficaz, el jueves se conoció que los personeros de los diferentes municipios de ese departamento se desplazaron a Quibdó, para despachar desde allí, porque la disputa entre las bandas criminales y las guerrillas, por la minería ilegal y el narcotráfico, los convirtió en objetivo militar. Al menos 15 de los 30 personeros de Chocó están amenazados.

La pregunta obligada es qué están haciendo las autoridades nacionales por corregir todos esos problemas que afrontan los chocoanos. El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, por ejemplo, está citado por la Corte Constitucional el próximo 19 de marzo, para que explique “por qué no se han adoptado medidas efectivas” para resolver la crisis de la salud en ese departamento.

No se trata de sobredimensionar, pero en cualquier lugar del mundo que no pertenezca a los Países Menos Adelantados (PMA), caso de Colombia, considerado de nivel medio, las estadísticas de “morbimortalidad” de niños en Chocó ya deberían haber desatado una respuesta estatal inmediata y la sanción por la responsabilidad de esas muertes.

Y en materia de seguridad, ni qué decir: allí fue secuestrado por las Farc el general Rubén Darío Alzate, en noviembre de 2014, y hace unos días el Eln liberó al alcalde de Alto Baudó, secuestrado desde diciembre. Hay comunidades confinadas por la presión y los ataques del Eln, las Farc, “los Urabeños” y “los Rastrojos”.

Entonces, aquellas palabras tan ofensivas y chocantes de Nicolás Gaviria, en medio de su borrachera, deberían inquietar porque de todos modos al país sobrio sí le consta que Chocó no anda bien.