Desgobierno y desafío en la Ciénaga

Grave la situación que se ha denunciado en la Ciénega Grande de Santa Marta, la principal laguna costera de Suramérica y nuestro más importante y emblemático humedal.

No estamos frente a una sorpresa por imprevisión, como aquella de los años 70, cuando la construcción de la carretera Barranquilla-Santa Marta produjo la mayor mortalidad de manglares registrada en el hemisferio occidental hasta ese entonces. Estamos frente a irregularidades que se han vuelto comunes, y posiblemente frente a hechos que sugieren toda una empresa de ilegalidad.

Hace unos meses reventó el escándalo no sólo ambiental, de la construcción de la carretera llamada de la prosperidad en el occidente de la Ciénaga, y en la cual no se han respetado rondas de protección, distancias mínimas a los cuerpos de agua, y que ha propiciado desvíos de agua y rellenos, que repiten la historia de la imprevisión ambiental. La carretera en largos tramos está amenazada por el mismo río. ¿Alguien ha investigado, detenido o multado? Todo un acto de desgobierno.

Pero las más recientes denuncias sugieren algo aún más grave, que no puede probarse, pero que por su gravedad sí debería aclararse o ser desmentido: un conjunto de hechos que en sus efectos aparecen como dirigidos a la transferencia de los bienes públicos ambientales hacia el dominio de lo privado, a través de un sistemático proceso de desecación de tierras. Toda una empresa de despojo de tierras húmedas y aguas.

No se trataría entonces sólo de una falta de gobernabilidad —inaceptable, pues estos hechos suceden a los ojos de muchos—, sino además de la posible existencia de un ejercicio de gobierno por omisión en el sentido contrario a la ley, que afecta decenas de kilómetros del frente sur de la Ciénaga, y cientos o miles de hectáreas. No estamos frente a un lote, ni siquiera frente a una finca por grande que sea, en la cual no se cumple la ley. Se trata de una gran porción del sur de la Ciénaga, cuyos procesos de desecación con obras de ingeniería, es decir deliberados, pasaron un umbral de afectación ambiental, según los funcionarios de Parques Nacionales; y lo peor, continúan. También superaron el umbral de la ilegitimidad. Todo un desafío a la legalidad, y al Gobierno central, garante frente a la comunidad internacional sobre el estado de conservación del flamante “humedal de importancia internacional” y reserva de la biosfera, al cual ha sido adscrito este todavía gran humedal.

La pregunta de fondo es, obviamente, sobre las bastante desprestigiadas Corporaciones Autónomas Regionales, en este caso Corpamag. ¿No sabía que esto estaba sucediendo en su territorio? ¿Por qué no actuó? ¿Alguna renuncia en ciernes? No lo sabemos. Pero evidencia hay de emergencia ecológica y ambiental, por deterioro de un ecosistema de importancia internacional. Algo que no se resuelve en el ámbito regional. Debe intervenir el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, para suspender el deterioro de este importante ecosistema, y para que los votantes y contribuyentes podamos recobrar la confianza en quienes deberían gobernar, pero de otra manera.

De la contundencia de la respuesta del Ministerio y de la actuación de los organismos de control del Estado y del poder judicial depende no ya sólo el ecosistema, sino la legitimidad de la administración, en la picota pública hasta que se demuestre lo contrario.

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