Sembrar una mina antipersona es, ante todo, dejar al azar la posibilidad de muerte, mutilación o serias heridas a un inocente. Es de las más injustas prácticas de la guerra moderna porque iguala a combatientes, civiles, niños, mujeres y hombres en la tragedia; esparce muerte sin ninguna consideración. En Colombia, el uso de minas ha estado determinado por la asimetría de la guerra, por el desesperado intento de evitar lo inevitable: cubriendo retiradas, delimitando territorios, protegiendo cultivos ilícitos y laboratorios de drogas ilícitas.
Así, nuestro país fue el segundo del mundo con mayor número de víctimas de minas antipersona en 2.013 según el Monitor Internacional de Minas y Munición de Racimo, luego de Afganistán y antes de Pakistán, con 368 personas heridas o muertas. De estas, 165 eran civiles y el 35 % niños. De hecho, entre el año 1.990 y 2.014 unas 11.015 personas han sido víctimas de minas antipersona en Colombia, el 61,6 % miembros de la fuerza pública, unos 6.792, y el 38,3 % civiles, unos 4.223, de acuerdo a cifras de la Agencia de Acción Contra Minas del Gobierno Nacional.
Del territorio nacional, solo San Andrés y Providencia se encuentran libres completamente de minas antipersona; el minado ha sido un fenómeno indiscriminado en el que casi todos los actores armados –aunque principalmente las guerrillas- se han visto involucrados. De acuerdo a cálculos del Gobierno Nacional, cientos de miles de minas aún corrompen el territorio nacional y aunque el esfuerzo del Estado para limpiar estas zonas ha sido extenso, el proceso es lento, peligroso y costoso.
Por eso es tan importante el anuncio del pasado siete de marzo hecho por los equipos negociadores de Gobierno y Farc desde la Mesa de Negociaciones de La Habana sobre un acuerdo para desminar a Colombia. El problema, sin embargo, fue que ante la satisfacción del anuncio vino la decepción de los detalles –las Farc, como el diablo, suele ganar en los detalles-, pues la guerrilla solo ayudaría en tanto señale en qué lugares creen que se pueden empezar las labores de desminado. Es decir, no correrán ni con el riesgo, ni con el costo de quitar las minas que ellos mismos sembraron.
Ahora el presidente Santos anuncia un cese en los bombardeos a campamentos de las Farc por un mes, bajo la lógica del desescalamiento del conflicto y abriendo campo, con seguridad, a un futuro cese bilateral al fuego. El problema de todo esto es que las Farc continúen con esa combinación de anuncios grandilocuentes seguidos de hipócritas afirmaciones sobre sus irresponsabilidades ante la violencia y los cientos de miles de víctimas nacionales. En sus cabezas, las tragedias del país han sido causadas por un huracán de injusticias, un desastre natural inevitable del que ellos, si mucho, solo fueron espectadores, no autores.
Las minas, como los “tatucos” o la siembra indiscriminada de hoja de coca no fueron cosas “que dio la tierra”, tienen que tener responsables. Pero es que las Farc –como el diablo- nunca reconoce sus culpas.
