Pretelt al borde del abismo

La eclosión institucional

Manifestaciones del desbarajuste

El caso Pretelt tomó ayer nuevos visos cuando el Senado se dividió para aceptar o no la licencia de dos meses solicitada por el magistrado para defenderse de los cargos de su conocido, el abogado barranquillero Víctor Pacheco.

Como se recuerda, todo trató de una tutela ya fallada por la Corte Suprema para obligar a la empresa Fidupetrol a pagar 22.000 millones de pesos al departamento de Casanare. Pero, gajes de la Constitución de 1991, la sentencia no hizo tránsito a cosa juzgada, como sería normal en todo Estado de Derecho, por lo que la Corte Constitucional decidió revisar el fallo aduciendo, ¡paradójicamente!, falta de última instancia. Lo que no se sabía era que, en el trasfondo, palpitaba una supuesta coima que se saldaría a través de un contrato de 400 millones de pesos, a pagarse mitad con anticipo y mitad por resultados, es decir, algo así como el dos por ciento de la multa general. La coima se habría sufragado en forma de servicios prestados por el ex presidente de la Corte Constitucional y ex magistrado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Escobar. En ello, habría para todos, un pedazo para Pretelt y, supuestamente, también para algún otro magistrado encargado de la ponencia que llevaría al traste lo ordenado por la Corte Suprema. La dicha ponencia, sin embargo, no sólo fue contraria a las pretensiones del soborno, sino que el pleno la votó en el mismo sentido, incluido Pretelt. Total, el abogado habría montado en santa cólera, de su lado eventualmente esfumándosele  una multimillonaria comisión de éxito de parte de Fidupetrol, por lo cual, en vez de entablar denuncia, recurrió a otro magistrado a fin, no de poner a operar la justicia, sino de que se pararan las pretensiones de Pretelt de llegar a la presidencia de la Corte Constitucional. Eso, poner en movimiento la política, fue lo que hizo el magistrado, luego de grabar al abogado y tratar de incidir en la campaña interna, pero sin al momento  activar los mecanismos institucionales para develar la concusión o el cohecho. Como se sabe, la sola sugerencia unilateral de  prebendas por parte de un servidor público constituye delito, inclusive en la misma proporción que el desarrollo de la connivencia torticera entre las partes. Cuánto desgaste no se le habría ahorrado al país de haberlo denunciado, los que lo sabían, en la oportunidad debida. Sin embargo, Pretelt ganó la dignidad.

Hoy, la inaudible voz de su inocencia tiene a Pretelt próximo al jab final, tal cual se ha presentado la cosa por rounds y sin el requerimiento de ser vencido en juicio. El elefante, por supuesto, tiene categoría de mamut. Y eso nadie lo discute. De hecho, la presunción de culpabilidad se ha impuesto. Pero en medio de ello ha sido igualmente pasmoso constatar la distorsión en la que anda el país. Véase no más, en la Rama Judicial y en la propia Corte Constitucional, a magistrados bordeando el Código Disciplinario, al menos en cuanto a los deberes que no, precisamente, deben ser motivo de paseos por el río Magdalena organizados por el mismo Pacheco, acorde con la foto de El Espectador. Mírese las solicitudes de renuncia a Pretelt, por parte de la Comisión Interinstitucional de la Justicia, para corroborar que algunos altos funcionarios habían sido abogados de Fidupetrol. Obsérvese, en la Rama Legislativa, que mientras ponen todo tipo de obstáculos a la llamada “silla vacía” para ellos, en cambio para el magistrado la quieren automática y sin mediaciones de ninguna índole. Recuérdese, en el Senado, que algunos de los mismos voceros parlamentarios que ayer negaron la licencia a Pretelt, y pidieron su renuncia, estuvieron lejos de idéntico proceder cuando se aferraban a la doctrina del “aquí estoy y aquí me quedo”. Por igual repárese, en la Rama Ejecutiva, en las desmesuradas cifras en contratos para los abogados, en este caso Rodrigo Escobar, por servicios prestados o por prestar en la ANI que, a raíz de los escándalos, desde la Presidencia hubieron de cortarse y enmendarse ojalá con rubros de cuantía normal, si en verdad son necesarios.

El caso Pretelt, pues, se mueve en dos órbitas. La suya propia, a la que cada vez le salen más aristas y vuelve su presencia en la Corte insostenible. Pero también está la otra, la general, en la que se demuestra que no con simplemente vender el sofá, para usar el refranero en relación con la renuncia, puede camuflarse la eclosión institucional que se respira en el país.

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