Sin ley para los pobres

Los más pobres del país sortean numerosos conflictos sin que el Estado medie para solucionarlos.

Hay buenas razones para pensar que economías criminales como el narcotráfico y la minería ilegal serán un factor de perpetuación de la violencia en el posconflicto. No obstante, otros factores también pesan.

La exclusión en los servicios de justicia es uno de ellos. Un video grabado en una estación de policía muestra cómo las instituciones del Estado no están hechas para atender las demandas legales de la población más pobre. En el video se aprecia a una prostituta denunciada por un cliente. Ella argumenta que por ningún motivo va a devolver 6.000 pesos que él le pagó. Reconoce que había prometido practicarle sexo oral, pero se negó por su mal olor. Los policías, desconcertados, no saben qué hacer. Solo atinan a reírse mientras una mujer, que pareciera ser la madre de ella, llora sin consuelo.

Casos como este hacen parte de la cotidianidad de muchas comunidades excluidas, donde sus pobladores deben sortear numerosos conflictos sin que el Estado medie para solucionarlos. La única diferencia es que no son lo suficientemente grotescos para aparecer en las redes sociales.

Además de frecuentes, estos casos se caracterizan por su pobreza material. En contraste con casos como Fidupetrol, si el Estado decidiera mediar los afectados se encontrarían con que los costos del pleito son superiores a los recursos en disputa. De hecho, lo más fácil sería que el Estado pagara los 6.000 pesos al cliente insatisfecho y el caso quedaría resuelto.

En cambio, guerrillas y ‘bacrim’ disponen de instituciones efectivas y a costos exiguos para resolver las demandas de justicia de los excluidos. Al no necesitar un debido proceso y al tener un contacto directo con la población pueden resolver rápidamente los casos. Por ejemplo, lo ocurrido en el video hubiera tenido un arreglo inmediato: la prostituta hubiera tenido que devolver la plata o hubieran obligado al cliente a asearse. De ese modo se legitiman, así sean brutales y arbitrarios, al garantizar el orden en una comunidad.

No toda la violencia en el posconflicto será el resultado de economías criminales. Será también el resultado de la incapacidad del Estado de diseñar instituciones coherentes con las necesidades legales y los recursos disponibles de una parte importante de la población. Esta es una de las peores formas de exclusión. En las redes el video puede dar risa, pero para quienes lo viven es el drama de la vida diaria.

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