El daño causado a esta reserva se explica desde la debilidad de la institucionalidad ambiental.
La tragedia que hoy sufre la Ciénaga Grande de Santa Marta, objeto de obras que han afectado gravemente el equilibrio ecológico del área, además de causar mortandad de diversas especies de una zona que debería ser intocable por su riqueza natural, es, por desgracia, la misma que enfrentan muchos humedales del país, de desecación para darles paso a la ganadería y la agricultura. Bueno es recordar que esta ciénaga es un humedal Ramsar (es decir, de importancia global) y reserva de biosfera.
Su extensión total alcanza los 4.900 kilómetros cuadrados, esto es, casi del tamaño de Quindío. Se han construido 27 kilómetros de diques y terraplenes y se han talado y quemado 60 hectáreas de bosque, con fines agrícolas y ganaderos, aunque la afectación total podría alcanzar las mil hectáreas.
Pero nada de esto frenó la terca voluntad de unos pocos de intervenir este territorio para abrirles paso a proyectos agrícolas particulares (cultivos de palma), ganaderos (búfalos) y de infraestructura, cuyas desoladoras consecuencias se han comenzado a revelar a la opinión en estas semanas. La indolencia de los propietarios de estas tierras y su afán de llevar a cabo sus planes, más allá de cualquier consideración, parecen haber pesado más que la visión estatal de mantener sano un ecosistema del que dependen 170.000 personas.
A lo anterior hay que sumar la deuda social del Estado con esta región. La pobreza en sitios como Pueblo Viejo, El Retén, Sitio Nuevo, Salamina y Remolinos, municipios que hacen parte de la Ciénaga, es dramática, a pesar de que este lugar podría garantizar pesca y beneficios para estas personas.
Y no es este el primer capítulo de una historia de debilidad o indiferencia institucional hacia uno de los deltas más importantes de América. Sus primeras páginas se escribieron entre 1960 y los 90, con la construcción de la carretera Ciénaga-Barranquilla, que causó la muerte de cerca de 26.000 hectáreas de mangle.
Lo ocurrido deberá servir para que en obras que se llevarán a cabo en la región, como la calzada Ciénaga-Barranquilla y la Vía de la Prosperidad –que unirá a Palermo, Sitionuevo, Remolina y Salamina–, a cuya construcción acaba de dar luz verde la Corte Constitucional, la responsabilidad ambiental sea un valor realmente prioritario, de tal forma que en unos meses no nos estemos dando, de nuevo, golpes de pecho ante ecosistemas agonizantes.
También es la oportunidad para traer a colación el que Corpamag, la autoridad ambiental, tiene planes de manejo de la Ciénaga apenas en el papel. No se han traducido en acciones. Esto, a pesar de recibir más de 1.500 millones de pesos por concepto de sobretasa ambiental.
Hay que reconocer, por último, que hace poco el Ministro de Ambiente y la Policía anunciaron la vigilancia para ciertos sectores del parque Salamanca y así evitar incendios forestales, entre otros males. Y aunque la isla de Salamanca es un pedazo de la Ciénaga, esto no es suficiente, hace falta un plan más integral para todo el complejo de humedales. Son pasos en la dirección correcta, pero siguen siendo insuficientes. No se ha hecho lo necesario para poder respirar tranquilos frente al embate de intereses particulares sobre un patrimonio que, finalmente, es de toda la humanidad.
