Las reformas tributarias en el país se han dado en respuesta a necesidades fiscales puntuales, sin embargo, han sido poco previsivas en sus efectos futuros o sus resultados finales han ido en contravía de lo esperado.
A manera de ejemplo, entre el año 2000 y 2014 el país vivió ocho reformas tributarias, cada una con efectos transitorios que han obligado a llevar a cabo una nueva, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta las decisiones de inversión, reduce la acumulación de capital y deteriora el crecimiento. Ya de hecho hay signos en tal sentido.

Un ejemplo de lo anterior es la pesada carga tributaria impuesta sobre el sector minero-energético, lo que aumentó las rentas petroleras de la Nación y que ante un choque negativo como el que vivimos supone inmediatamente una revisión de la carga tributaria, que ya no se puede hacer porque el ritmo de gasto y la inflexibilidad a la baja de los impuestos lo hace imposible de administrar.

Pero no es el único ejemplo. Ni la OCDE ni nadie en su sano juicio entienden que existan niveles de tributación al sector productivo que lleguen a tasas de hasta 76% o más de los ingresos gravables. Algo similar encuentra la Andi año tras año en encuestas a sus afiliados, en donde el último dato habla de una tasa de tributación de entre 68% y 77%.

Estos datos se acompañan de otro de la OCDE que concluye cómo el recaudo tributario en Colombia es del 21%, uno de los más bajos de América Latina (los países desarrollados superan el 35%).

Lo que también explica esto es que, de persistir en este camino de seguir elevando los impuestos y forzando a que los pocos que pagan paguen más, y no invitando a más a pagar y a asumir una cultura tributaria en la medida de sus capacidades, terminaremos animando la evasión y la informalidad, que son algunos de los cánceres del desarrollo.

Para no ir muy lejos, y a manera de ejemplo, un empresario me comparte este dato (que perfectamente puedo corroborar con copias de los documentos oficiales de pago que demuestran la realidad del hecho): sobre activos productivos y generadores de ingresos de $8.000 millones en un negocio real en Colombia (Bogotá y Medellín), el empresario está pagando $1.880 millones de predial, $796 millones de valorización, $66 millones por industria y comercio, $34 millones por 4×1.000, $2.007 millones por impuesto de renta, $1.225 millones por anticipo al impuesto de renta y $2.687 millones por impuesto a la riqueza.

En síntesis, por una generación de ingresos de $8.000 millones termina pagando $8.695 millones. Como quien dice un 109% de tasa de tributación. Alguien podría afirmar que algunos de estos pagos se aplican al año fiscal siguiente. Eso es cierto, pero la pregunta entonces es con qué recursos de caja debe el empresario asumir su carga fiscal. A menos que la lógica de los gestores de las reformas tributarias sea que el empresariado debe guardar sus recursos de inversión en la caja o la tesorería, y en ese caso estamos claramente desmotivando la inversión y la actitud empresarial. O peor aún, motivándolo a endeudarse para pagar los impuestos y asumir costos adicionales.

¿Me pregunto yo si es sensato un sistema tributario donde por cada $100 de ingresos debe uno pagar $109 de impuestos?

El resultado de lo anterior es una invitación a evadir o a no formalizar los negocios, y allí el mensaje para las autoridades fiscales es que además de revisar tarifas promuevan una cultura tributaria para todos. Aun en casos de menores ingresos deberíamos acostumbrar a los colombianos a un pago impositivo (así fueran $5.000 o $20.000), para que no nos acostumbremos a un modelo que provee servicios públicos gratuitamente y para que ante eventuales aumentos de los ingresos o ascensos en el nivel socioeconómico, la cultura sea a pagar impuestos y no a esconder.

Y finalmente evaluar y diseñar mecanismos de extinción de dominio, sanciones penales, incentivos a quien informe sobre evasores y sanciones altas a quienes evadan en Colombia.