La protesta de los senadores por el cabildeo de una asesora del fiscal en una sesión plenaria no es una mera anécdota. Muestra la forma como se urde la reforma constitucional de equilibrio de poderes.

El Congreso de la República lleva meses dedicado a debatir una reforma constitucional que se ha dado en llamar de “Equilibrio de Poderes”. El Gobierno, sectores de opinión y partidos políticos han considerado necesario hacer ajustes institucionales, a través de reforma constitucional, ante la evidencia de desarreglos en el funcionamiento del sistema político.

Los colombianos hemos visto la desviación en el ejercicio de las funciones que a las ramas del poder público y algunos entes de control les corresponden. Y en concreto, hemos presenciado la politización, en el peor sentido del término, de altas cortes y organismos de control. Vicios que, ciertamente, no son nuevos ni inventados por los actuales funcionarios, pero que cada vez adquieren mayores grados de desfachatez.

A esa dinámica de actuación que combina el uso de las facultades legales con el del poder político que se deriva de la disposición de puestos públicos y las de capacidad punitiva (disciplinaria o penal), se han incorporado plenamente funcionarios como el Fiscal General de la Nación.

En particular el actual, Eduardo Montealegre, que interviene sin disimulo en el curso de las reformas constitucionales, y que llega incluso a llamar a “salir a las calles” a los jueces contra proyectos legislativos que él considera que le restan poder.

El pasado martes, durante la sesión plenaria del Senado, algunos senadores tuvieron el valor, pese a tener conciencia de posibles retaliaciones, de hacer valer la dignidad de sus investiduras y exigir que cesara de inmediato el cabildeo que a ojos de todos -menos del ministro del Interior, que no la vio- hacía una “asesora” del fiscal Montealegre, con el fin de que no se fijara para el fiscal general una inhabilidad para litigar ante la Fiscalía una vez que dejara el cargo, por un período de cinco años. Una inhabilidad apenas natural, máxime tratándose de un ámbito donde los límites éticos ya los tiene que fijar la Constitución, porque la simple ley anticorrupción no sirve.

Los senadores Luis Fernando Velasco y Vivianne Morales, del Partido Liberal, y Ernesto Macías, del Centro Democrático, denunciaron el cabildeo. Su vertical actitud debe aplaudirse, así al final la asesora del fiscal haya logrado sus propósitos, pues la inhabilidad para el fiscal no fue aprobada.

Tomemos nota los colombianos, entonces, de la forma como se hace el trámite de una reforma constitucional de semejante importancia. Es un cruce de intrigas y favorcitos, más que un debate de análisis juicioso sobre el esquema institucional para un verdadero equilibrio de poderes que permita el funcionamiento de un Estado de Derecho con respeto a los deberes y garantías ciudadanas.

Hace pocas semanas el país asistió a la “feria de los fueros”, como lo denominaron otros senadores. Los altos funcionarios y magistrados pujando por ser excluidos de un sistema de justicia que garantice la observancia de igualdad ante la ley. Tomaron el concepto de fuero como equivalente al de inmunidad ante la ley penal. Lo mejor para ellos, lo peor para el país.

Nadie podría hoy hacer un pronóstico de cómo va a quedar el tal equilibrio de poderes. Cada alto funcionario o cada corporación con capacidad de presión acomodará el articulado a los intereses particulares de sus miembros. El desajuste institucional pasará factura muy pronto y comenzará a rodar, de nuevo, el carrusel de las reformas.