Con una figura espuria la Comisión de Conciliación del Congreso descartó la prohibición a la minería en páramos.

Nuevamente se concilió en conciliábulo y en minutos, a espaldas del país y de la opinión pública, una ley que pensábamos iba a salir de otra manera. Pocos se explican cómo después de celebrar que el Plan Nacional de Desarrollo iba a respetar los páramos de Colombia, de donde proviene el 70% del agua que abastece al país, la decisión se matiza hasta hacerla prácticamente irrelevante. Ahora resulta que las empresas mineras no pueden explotar los páramos, a menos que hayan recibido el permiso de hacerlo antes del 9 de febrero del 2010.

Se puede minar en páramos o no se puede minar en páramos. Esto no es una opción con la que podamos darnos el lujo de las zonas grises, de decir "no, pero sí". Parece que estos equipos de conciliación tienen el don sobrenatural del rey Midas, pero al revés.

Es difícil entender el sentido de un procedimiento de conciliación que dos veces ha demostrado ser árbol de jugosos frutos para los micos de los funcionarios gubernamentales, los congresistas y los grupos de interés privados.

Y nuevamente uno de los protagonistas de esta maniobra fue el delfín político Simón Gaviria. En la primera ocasión, como representante a la Cámara, participó legitimando los "micos" de la reforma a la justicia. Su excusa fue no haber leído el texto de la reforma que aprobó y defendió. Ya veremos con qué ardid retórico evade esta vez su responsabilidad, si es que asume tenerla, al permitir falsear el sentido original de una prohibición que en la plenaria del Senado buscaba proteger, esta vez no el sistema jurídico, sino los ecosistemas del país.

Sus aspiraciones presidenciales deberían prender las alarmas de los electores, y los colombianos deberían llevar muy atentamente la cuenta de estas tramas.

Pero más allá del comportamiento del director de Planeación Nacional, que finalmente está allí para promover el texto original, es decir, el más perjudicial para los páramos colombianos, lo que debemos preguntarnos es si es legítima la figura de la que se ha echado mano para tumbar la protección de los páramos nacionales.

Para permitir la actividad minera en páramos, la nueva versión del texto invoca los "derechos adquiridos" por las empresas mineras antes del 9 de febrero de 2010.

Como bien explicó el experto en minería y medio ambiente, Álvaro Pardo, en un valioso artículo de El Colombiano, investigado por Santiago Valenzuela: "cuando el Gobierno dice que va a respetar los derechos adquiridos debo decir que en materia minera no hay derechos adquiridos, porque cuando les entregan un título no le están otorgando ningún derecho, es apenas una expectativa que solamente se perfecciona cuando se obtiene la licencia ambiental”.

Precisamente el día en que la Comisión de Conciliación aprobó que podía haber minería en los páramos de Colombia, se publicó al otro lado del mundo la noticia de que el 30% del agua de los lagos de Mongolia Interior, en China, se había secado a causa de la minería. El presidente Juan Manuel Santos tiene en su poder el sancionar este camino.

El gobierno no se toma esta advertencia en serio, una cantidad demasiado alta de congresistas tampoco y las empresas mineras están ejerciendo un muy exitoso lobby cuyos efectos se notan de lejos.

Colombia se va a secar como se secó el río Ranchería de la Guajira, mientras nos dicen que son sacrificios que tenemos que hacer porque se cayó el precio del petróleo y hay que ajustar las regalías.