Con el pago del impuesto a la riqueza, las empresas sienten el impacto en sus finanzas. Esto coincide con la desaceleración económica. Para evitar mayores daños, se deben balancear las cargas tributarias.

Uno de los pilares centrales de la reforma tributaria de 2014 es el denominado impuesto a la riqueza, el cual remplazó al del patrimonio, que se venía aplicando desde principios de la década pasada y que debió terminarse el año pasado.

Frente a la destorcida del precio de las materias primas y en particular con la abrupta caída del petróleo y su efecto sobre las finanzas de la Nación, el Gobierno se vio obligado a asegurar mayores recaudos tributarios para el cuatrienio.

Para ello, una de las fuentes más seguras es el impuesto a la riqueza. Por tal razón, en su momento, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, consideró que era una gran equivocación no mantener el flujo de ingresos tributarios derivados del impuesto al patrimonio, con el cual se financiaban diversos programas que impulsan el crecimiento de la economía.

Desde que el Gobierno presentó el primer texto de la reforma tributaria de 2014, diversas voces gremiales manifestaron su desacuerdo con la intención de mantener el impuesto al patrimonio y presionaron para que se eliminara.

Al final, el Gobierno, aunque mantuvo el impuesto a la riqueza, accedió a realizarle un conjunto de ajustes que lo hacían menos oneroso para las personas naturales y las empresas. También se definió que mantendrá su vigencia hasta 2018.

A pesar de los ajustes, en un estudio de Fedesarrollo, en el cual se analiza el impacto de la reforma en términos del aumento en la tasa efectiva de tributación de las empresas, se concluía, entre otras cosas, que dicha tasa subiría a 51,0 por ciento, lo que “disminuiría la competitividad del país para atraer inversiones extranjeras y retener los capitales nacionales”.

A su vez, este impacto negativo sobre la inversión “reduciría en 0,48 puntos porcentuales la tasa de crecimiento potencial de la economía” y la tasa de desempleo aumentaría en cerca de 0,6 puntos porcentuales.

Como lo presentó este diario el lunes pasado, ahora que los contribuyentes (especialmente las empresas) deben realizar el pago de la primera cuota del impuesto a la riqueza, se hacen evidentes los efectos indeseables que el mismo tiene sobre sus finanzas y se confirman los impactos que encuentra el estudio de Fedesarrollo.

Adicionalmente, el pago del impuesto llega en un momento muy desafortunado, pues cada vez son más evidentes los síntomas de desaceleración económica y de salida de la inversión extranjera. En otras palabras, mientras las empresas reciben el golpe derivado de los mayores niveles de tributación, el mercado interno se adelgaza y la economía mundial no avanza suficientemente.

El país se muestra expectante de los resultados de la Comisión Tributaria que estudia las probables salidas a la situación fiscal del país y busca asegurar el financiamiento del presupuesto de la Nación.

Si el peso impositivo de las empresas no se alivia prontamente, puede pasar que el aparato productivo se resienta tanto que termine agudizándose la desaceleración y, de paso, se afecte el recaudo tributario y la generación de empleo. Por ello resulta pertinente preguntarse qué suerte correrá el impuesto a la riqueza.

En la actual coyuntura, en la que el país necesita con urgencia de un motor de desarrollo que sustituya a la minería, es muy importante no perder de vista que, en una economía de mercado, las empresas son la fuente de valor y que, antes que arrinconarlas, lo que debe hacerse es promoverlas.