La denuncia de Juan Martín

El 18 de abril pasado los lectores de la entrevista a Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, en la revista Semana, quedamos aterrados por las denuncias que formuló sobre la corrupción en la contratación pública de las regiones.

Pero, más aterrador aún, es que, hasta la fecha, ningún alcalde o gobernador, ninguna contraloría departamental o municipal, ha salido a responder, a confirmar o desmentir estas gravísimas denuncias.

Según Caicedo, en la CCI realizaron un estudio con una muestra de 12 departamentos, 47 municipios y 12 alcaldías de Bogotá, según el cual en los municipios analizados, un 65% de la construcción se hizo con un único proponente, mientras en los departamentos esa cifra alcanzó un 35%, y en las alcaldías de Bogotá un 58%.  Según el mismo estudio, en Suba y en Usme todos los contratos se los ganó un único proponente.

A pesar de que, en teoría, hay licitaciones o concursos públicos, y a veces se presentan varios proponentes, al parecer se encuentran amarrados y dirigidos a quien va a ganar. Esta burla a la Ley 80 crea una línea directa entre un funcionario corrupto y un contratista corrupto y, entre ellos, hacen un pliego a la medida que excluye a otros participantes. A veces, entre estos dos personajes, intermedia un gamonal o un político que hace de puente.

Según Caicedo, las consecuencias de este proceso de contratación es que las obras públicas se quedan inconclusas o de muy mala calidad porque una porción muy grande de los presupuestos se dirige a pagar la corrupción y las mordidas. El presidente de la CCI argumenta que el monto de los recursos involucrados de la muestra de su análisis alcanza $1.5 billones, pero él cree que la cifra involucrada puede ser ocho o diez veces más grande si se considera la totalidad del valor de los contratos que padecen de este tipo de arreglos.

Caicedo Ferrer aclara, enfáticamente, que este tipo de arreglos no se están dando en los contratos de la llamada Cuarta Generación, 4G, porque se han hecho de forma transparente y tampoco está sucediendo con los contratos que ha asignado el INVIAS y que ascienden a unos $6 billones.

Para Juan Martín Caicedo una medida crucial para evitar este fenómeno sería que el DNP o el gobierno nacional, o quien esté financiando estas obras, exijan un pliego único o tipo único. Así, los organismos de control, al momento de las investigación, no tendrían que invertir un tiempo precioso tratando de desenmarañar los vericuetos de cada contrato, sino analizar los referentes del pliego tipo.

Esta propuesta de un contrato de formato o tipo único debería aprobarse de inmediato. Pero, más allá de esta u otras propuestas que corrijan este fenómeno, todos los ciudadanos de bien, el sector privado, la academia, las asociaciones de ingenieros y la sociedad civil, en general, debemos protestar por el silencio y la indiferencia de gobernadores, alcaldes y los organismos de control territoriales. Es intolerable que, al menos una parte, de los altísimos impuestos que pagamos se vayan a pagar la corrupción. Alguien tiene que salir a decir esta boca es mía, detallar cual es la fuente de financiación de las obras que terminan con un solo proponente y darnos una explicación de cómo se van a eliminar estas prácticas corruptas.

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