¿También los violadores de menores?

¿También los violadores de menores?

De todas las propuestas que el fiscal general Eduardo Montealegre ha hecho para reformar el sistema penal acusatorio en Colombia, probablemente la última de la que tenemos noticia es la más polémica: la posibilidad de que haya beneficios judiciales para aquellos implicados en delitos de abusos sexuales contra menores de edad, siempre que haya por parte de ellos una obvia colaboración con las autoridades. Más fácil: que un violador de un niño rebaje su condena confesando otras cosas, como estructuras criminales, como cómplices que cometen el mismo delito.

Todo hace parte de la reforma al Código de Procedimiento Penal y debe ser analizado con mucha más calma que decir, simplemente, “que se están rebajando penas a los violadores”, como si allí no hubiera una justificación jurídica sino un simple favor.

Es la justificación jurídica, precisamente, la que debe ser evaluada para saber si la política es o no conveniente. Para empezar, es hora, aunque ya se nos hace tarde, de barrer el mucho palabrerío que los expertos en teoría criminal llaman “populismo punitivo”: subir las penas de los delitos es más efectivo para que los congresistas consigan votos que para reducir los índices de criminalidad. Ayuda a reducirla en serio lo que no tenemos en Colombia: una justicia pronta, efectiva, unas condenas inminentes y un sistema judicial (y policivo) que logre dar con los delincuentes lo más pronto posible. Sucede, al contrario, que los niveles de impunidad siguen siendo muy altos.

Revisemos, ahora, la razón jurídica. Dice el fiscal que “detrás de los crímenes contra muchos niños en el mundo entero lo que hay son organizaciones delictivas que se dedican a la trata de blancas y el abuso de menores”. Dicho de otro modo: dar con las grandes organizaciones, con lo colectivo, justifica el sacrificio en la parte individual: mejor toda la estructura encarcelada si eso implica bajarle la condena a uno solo. Otra estrategia de macrocriminalidad, que va en la misma bolsa con otras propuestas controversiales como la de negociar la pena durante la condena (no en el proceso previo).

Para adelantar lo anterior de forma efectiva, lo hemos dicho ya, hay que planear muy bien los efectos-rebote de la política: ¿cómo impedir que se arme un (uno más) cartel de testigos falsos que estén dispuestos a rebajar su condena a toda costa? ¿Cómo  hacer para que las mentiras judiciales se recarguen? Un sistema que logre filtrar  la veracidad, que no permita pervertirla en la práctica, sería un requisito previo para este tipo de concesiones.

El debate, sin embargo, se inclina más por el lado simbólico: el hecho de que en las noticias salga que los violadores de niños podrían tener menor condena. Si bien el fiscal tiene razón en que hay que erradicar de Colombia la idea de que solo subiendo penas el sistema funciona, también la tienen quienes creen que esos “tipos penales” son una protección para los menores de edad: cosa que luce, a primera vista, como algo innegociable. Sería bueno que en el Congreso tuvieran en cuenta las dos consideraciones anteriores en ese debate que no es tan sencillo como aparece en los titulares.

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