Un tribunal inútil

Después de tantos irés y venires, no es fácil predecir cómo será el tribunal de aforados que saldrá de la reforma de equilibrio de poderes. Pero una cosa es segura: que el dichoso tribunal no servirá.

Y no es por falta de ideas ingeniosas. A lo largo de los siete debates se le han venido sumando y restando variaciones y parágrafos más o menos profundos y bienintencionados sobre cuántos serían los miembros de ese tribunal (ocho, siete o cinco), quién los postularía (el presidente, el Congreso, las universidades, la nueva Sala de Gobierno Judicial), quién los escogería (la Cámara, el Senado o el Congreso en pleno), cuáles serían sus funciones (¿investigar?, ¿acusar?, ¿juzgar?), y quiénes serían los aforados (los magistrados de las altas cortes, ¿más el procurador, el fiscal, el contralor?).

Ese cambio constante en los “detalles” tiene sus problemas. Primero, que al ajustar un tornillo se desajustan los que estaban ajustados. Segundo, que despista a la opinión. Tercero, que se presta a todo tipo de micos y maniobras. Cuarto, que por lo tanto le quita legitimidad a la reforma. Quinto —y sobre todo—, que eso demuestra la imposibilidad de dibujar un círculo cuadrado: un tribunal que al mismo tiempo tenga dientes y que no abuse de sus facultades.

O sea que el problema no es la falta de ideas, sino la falta de confianza en las instituciones. En Colombia no se puede confiar en los congresistas, ni en los magistrados, ni en el presidente, ni en las cabezas locuaces de los entes de control. El ministro, los ponentes, los congresistas, los magistrados de las altas cortes, el fiscal y el procurador, que cada día salen a explicarnos por qué su fórmula es mejor, tienen el doble problema de que no son creíbles y de que tampoco confían en la independencia o probidad de las demás ramas del poder.

Una reforma basada en la desconfianza y en cuyo trámite no existe confianza simplemente no puede asegurar la confianza que esa reforma busca establecer: la confianza en que los altos funcionarios o, en este caso, los magistrados y cabezas de los entes de control, serán juzgados con imparcialidad y sancionados con rigor por los delitos que hayan cometido.

En los países serios la cosa es más sencilla: los altos funcionarios se someten a la misma justicia penal que cualquier ciudadano. Tan sólo el presidente tiene un fuero político para evitar que un juez lo encarcele sin que el Congreso en pleno lo haya denunciado.

Claro que en los países serios ni la política está tan criminalizada ni la justicia está tan politizada como aquí, donde las mafias eligen tantos congresistas y ahora también a algunos magistrados. Este es el fondo verdadero de la olla, una olla que la dichosa reforma de “equilibrio de poderes” ni siquiera se atreve a menear.

Y mientras tanto tendríamos que traer jueces suizos, o gringos, o marcianos, para creer que habrá justicia para los que controlan el poder judicial.

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