Venezuela: encerrar al mensajero

Miraflores intensificó la persecución contra periodistas, quienes ahora tienen el "país por cárcel".

A pocos meses de que se realicen unas cruciales elecciones parlamentarias –si es que algún día la autoridad electoral da una fecha concreta–, el Gobierno venezolano subió un escalón más en su persecución a la prensa, al imponer una medida que impide la salida del país de 22 periodistas y directivos de El Nacional, TalCual y La Patilla.

La razón es una demanda que interpuso el ‘todopoderoso’ presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, originada en que estos medios acogieron un informe de enero del diario español ABC que da cuenta de que uno de los cercanos al hombre fuerte del régimen lo denunció ante Estados Unidos por narcotráfico; nada más ni nada menos que por integrar, según él, el denominado ‘cartel de los soles’, un grupo de militares que dominaría las rutas de entrada y salida de estupefacientes a través de la vecina república.

A la gravísima acusación respondió Cabello abriéndoles un proceso a los periodistas, y más aún a los directivos, accionistas y propietarios que, como dijo el director de TalCual, Teodoro Petkoff, ahora tienen “país por cárcel”.

Olvidan Cabello y el tribunal responsable que hay algo llamado ‘doctrina del reporte fiel’ –que explica que no es delito reproducir información de terceros–, que es defendida por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

Pero esto no es nuevo, y por supuesto cada vez sorprende menos. Son inverosímiles las estrategias que ha experimentado el Gobierno, incluso desde la época del difunto Hugo Chávez, para pisotear la libertad de expresión y de prensa, como cuando no le renovó la licencia a RCTV o cuando restringió de tal forma la entrega de dólares que los diarios no pudieron comprar más papel; o, incluso, la asfixia a los medios críticos, que luego fueron convenientemente comprados por empresarios aparentemente cercanos a Miraflores.

El gobierno de Maduro tiene importantes desafíos, además de los electorales. Respetar la libertad de información, así como el juicio, que también se dilata, de los presos políticos Leopoldo López y Antonio Ledezma. Ojalá impere la sensatez.

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