Durante la última ley tributaria (diciembre del 2014) el Congreso, quizá ante la evidencia que estaba aprobando una colcha de retazos que tarde o temprano había que enmendar, creó, a solicitud del Gobierno, una misión de expertos tributarios para aconsejar sobre cómo hacer una verdadera “reforma estructural”.

Dicha comisión -compuesta por nueve expertos de primera categoría- ha venido trabajando con juicio y acaba de rendir su primer informe parcial que ha sido redactado en lenguaje técnico pero con gran franqueza.

Retrata el estado lamentable en que ha caído el sistema tributario de Colombia: su falta de transparencia, de equidad, de progresividad. El grave deterioro en la eficiencia del recaudo. El olvido en que hemos mantenido la caótica tributación departamental y municipal a la que hace décadas no se le mete la mano para modernizarla. Y, en fin, señala el crecimiento del gasto público a partir de la reforma constitucional del 91 que ha aumentado a un ritmo mucho más vertiginoso que el recaudo.

Este primer informe de la comisión de expertos constituye también un enjuiciamiento -cuando se lee entrelíneas- sobre los errores técnicos que se cometieron por la improvisación (contra todas las recomendaciones de la academia y de los gremios) de las reformas del 2012 y 2014, que fueron de un furor alcabalero increíble contra las rentas empresariales cuyas tarifas han llegado a niveles insospechados. Con la delicada consecuencia que se ha comprometido la competitividad del sector productivo colombiano. Cosa que  el Gobierno reconoce aunque no está claro qué piensa hacer para enmendar tan grave equivocación.

Coincidiendo con otros diagnósticos que se han hecho sobre cómo modernizar la estructura tributaria colombiana, el informe parcial de los nueve expertos presenta una receta descarnada: más IVA, impuesto a los dividendos, más controles a entidades sin ánimo de lucro, más tributación a personas naturales (lo que está asociado a la propuesta sobre dividendos) y disminución de las tarifas para las pocas empresas que hoy día tributan en Colombia. Ampliación de bases. Modernización de la tributación departamental y municipal. Reducción de gabelas y privilegios, y  por supuesto modernización de la DIAN y lucha contra la evasión. Todo esto rodeado de un esfuerzo simplificador de la atiborrada legislación tributaria.

Lo que es desconcertante es el desgano con que el propio Gobierno parece haber recibido las recomendaciones de esta misión. El propio Presidente anunció al otro día de que se presentaron sus recomendaciones que no estaba prevista en la agenda legislativa otra reforma tributaria. En la misma línea se ha manifestado Hacienda. En el entretanto el tiempo político para tramitar una verdadera reforma integral se le agota al Gobierno.

El “Marco Fiscal de Mediano Plazo-2015” ha señalado con  claridad que el déficit fiscal en que andamos ya llega a 3% del PIB (24 billones) y que el año entrante las cosas serán peores. Si se quiere mantener una senda de sanidad en las finanzas públicas, controlar el déficit fiscal que es creciente y gigantesco, y  cumplir  con la regla fiscal, inexorablemente hay que recortar gastos públicos y aumentar los recaudos fiscales en los años venideros.
Si esto es así, no deberíamos reducir las conclusiones de esta importante misión de expertos a un mero “botadero de corriente”.