La OEA permanece alejada ante la situación de Venezuela, que sufre con un régimen que viola los derechos propios de una democracia.

Desde su nacimiento en 1948, la OEA se consagró como un organismo multilateral dedicado a defender la democracia, la seguridad y los derechos humanos en América Latina y el Caribe. No obstante, la búsqueda de esos objetivos se ha visto obstaculizada por múltiples razones, entre otras, por las prioridades que han estado en escena a lo largo de la historia y que han frenado la acción de la organización.

Ejemplo de lo anterior es el periodo de la Guerra Fría, cuando, aunque se luchaba por los principios democráticos, ellos se sacrificaban para enfrentar al enemigo de aquel momento que era el comunismo.

Con la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, se vigorizaron las acciones en pro de los derechos humanos y cobraron vida los postulados propios de los regímenes democráticos.

Por eso resulta absurdo que la OEA siga permaneciendo alejada, impávida, ciega, ante la situación de Venezuela. En nombre del chavismo esta nación no solo hace gala de sostener un régimen absolutamente violatorio de las libertades y los derechos propios de una democracia, sino que ahora el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en un régimen totalitario y despótico que no se compadece ni siquiera ante la amenaza a la vida de aquellos a quienes tiene presos por ejercer la oposición.

No puede olvidarse de que el ejercicio de la contradicción es un derecho esencial que puede y debe garantizarse plenamente en una democracia del siglo XXI. Cuando la oposición y los opositores son perseguidos, judicializados, condenados y encerrados; cuando se niegan aún las mínimas garantías a opositores y a cualquier actor que pretenda acercarse para contribuir a la solución de tan difícil panorama (como se ha hecho con los expresidentes, Pastrana, González, Piñera, Quiroga) y se evitan escenarios que puedan visibilizar más y por tanto dejar en evidencia la situación ante el mundo, como lo hizo el sucesor de Chávez dejando plantado al papa Francisco, el mundo entero debe alzarse y exigir el restablecimento de las libertades, de la democracia y por tanto la plena vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El nuevo Secretario General del organismo regional está en la obligación moral de seguir los pasos del presidente del Parlamento Europeo, quien con motivo, precisamente, de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y de la Celac que tiene lugar esta semana en Bruselas, ha manifestado su preocupación por la situación de Venezuela, haciendo énfasis en la necesidad de acabar con las detenciones arbitrarias de los líderes opositores, precisamente para hacer honor a los principios democráticos.

Con ello, no se pretende defender una intervención en los asuntos internos de un Estado, como lo quieren hacer ver algunos como el expresidente Mujica. La situación de Venezuela sí requiere que la comunidad internacional se pronuncie enérgicamente y con vehemencia, pues están en juego principios y valores sobre los que hay consenso en el mundo: la democracia y sus libertades, los derechos humanos y la prevalencia del ciudadano como actor fundamental, son los ejes sobre los cuales se han constituido los más importantes organismos multilaterales en el mundo y son los postulados alrededor de los cuales se han suscrito compromisos políticos, comerciales, económicos y sociales.

El secretario Almagro tiene una gran oportunidad para colocar a la organización en un lugar que el mundo espera que recupere; tiene la posibilidad de devolverle la grandeza que sus miembros claman. El excanciller uruguayo debe demostrar que su agenda es la de la OEA y no la de Unasur y menos la de un funcionario del anterior gobierno del expresidente Mujica.