Despojo marítimo

El decreto del Gobierno venezolano que fijó zonas operativas de defensa integral, marítima e insular en el Golfo de Coquivacoa, equivale a un acto de despojo unilateral por parte de Venezuela de mar territorial colombiano. Es, por lo mismo, un acto ilegal a la luz del derecho internacional que pretende una ocupación igualmente contraria a derecho de un territorio en disputa entre dos naciones vecinas.

Ese hecho desnuda una realidad muy preocupante. El Gobierno colombiano carece de una política internacional distinta a la del lobby por la paz y a la del apaciguamiento de Maduro. Esa falta de política se refleja, no solamente en la tardía y tímida reacción colombiana, sino también en la ausencia de instrumentos jurídicos y políticos para hacer frente a un acto inamistoso sin precedentes por parte de Venezuela.

Es cierto que la acción unilateral de nuestro vecino infringe normas del derecho internacional, pero también es desgraciadamente cierto que el gobierno Santos, al denunciar el Pacto de Bogotá, que nos permitía impugnar esa violación del derecho internacional en caso de no lograr arreglo por vía de la negociación, cerró la posibilidad de reversar la ilegalidad mediante sentencia judicial internacional. Y los escenarios políticos regionales no parecen los más auspiciosos para nuestros intereses. La OEA, después de diez años de gestión del señor Insulza, es una organización decaída, sin credibilidad ni autoridad, ciega ante las violaciones de los derechos humanos de Maduro y Diosdado, y cuidadosamente inoperante cuando se trata de diferendos que comprometen a Venezuela o a sus gobiernos amigos. Y Unasur es el escenario predilecto de ALBA y de los Estados simpatizantes o dependientes de la misma.

Por ello, no es de extrañar que el Gobierno de Venezuela haya pretendido responder la nota de protesta de nuestra Cancillería por medio de un comunicado de prensa, sugiriendo reanudar las sesiones de negociación, interrumpidas desde hace muchos años. Claro, unas conversaciones infructuosas en medio de un ejercicio de facto de soberanía sobre las aguas en disputa.

El decreto de Maduro no debe entenderse simplemente como una estrategia electoral tendiente a convocar el sentimiento nacionalista para hacer olvidar los padecimientos del pueblo venezolano, de cara a las elecciones del 6 de diciembre. Es mucho más que eso, la anexión de mar territorial nuestro, valiéndose de la indecisión de un gobierno valorado por su oponente como incapaz de hacer valer sus derechos.

Todos esperamos del presidente Santos decisión para convocarnos a la defensa de nuestros derechos y firmeza en sus actos para disuadir a Maduro de un conflicto que afectaría por igual a dos pueblos hermanos.

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