La Mesa de conversaciones ha puesto en marcha un distractor comparable con el desminado humanitario y la falaz tregua unilateral.
La divulgación del acuerdo para crear, tras la firma del acuerdo final, la “Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición” llevó a segundo plano los debates a los atentados terroristas, la reticencia de las Farc para asumir sus crímenes, la pérdida de confianza y la preocupación por el alargamiento de las negociaciones. Considerando que esa Comisión sólo se instalaría tras la firma de los acuerdos de fin del conflicto, es claro que la Mesa de conversaciones ha puesto en marcha un distractor comparable con el desminado humanitario y la falaz tregua unilateral.
Gobierno y Farc han conseguido su objetivo. Destacados ciudadanos han cambiado sus dudas sobre la negociación por la demanda para que se les incluya entre los once ciudadanos que recibirán mandato de tres años para escuchar a las víctimas, investigar hechos, analizar documentos y hasta promover la reconciliación. Con ingenua buena fe, los tempraneros aspirantes a participar de esa comisión están contribuyendo a distraer la atención que debería concentrarse en los errores de la negociación y del acuerdo sobre tal Comisión.
Aunque podría explicarse en que la larga cercanía con los jefes guerrilleros y alejamiento de los colombianos, esté causando a los negociadores del Gobierno algún padecimiento semejante al Síndrome de Estocolmo, no deja de sorprender que distinguidos intelectuales suscriban y presenten la Comisión como aquella de la que se ha de esperar que logre “contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido (…) y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto”. Presentado así, significa que tal grupo estaría a cargo del segundo capítulo de la verdad totalitaria y totalizante que empezaron a escribir los autores de los ensayos, algunos mentirosos, compilados como textos de la Comisión histórica del conflicto. Sólo bajo la lógica totalitaria y unilateral que domina a la organización filomarxista más vieja y ortodoxa del mundo cabe aspirar a que la que escriba esa comisión será la verdad total, que además se impondrá al sistema educativo, sobre el extenso, complejo y penoso conflicto que ellos iniciaron. ¿En qué quedan las investigaciones académicas realizadas con máximo rigor, en qué las memorias de los distintos miembros de la sociedad, en qué las verdades casuísticas reveladas por la justicia? Pobre servicio le presta esta iniciativa a la apertura política y el entendimiento de nuestra historia.
Las comisiones de la verdad han sido definidas como mecanismos no judiciales para cerrar conflictos especialmente en países en los que el Estado fue partícipe y se comportó en forma equiparable a las de los grupos insurgentes o paraestatales. Tal no es el caso de Colombia, país en el que las violaciones a los derechos humanos perpetradas o favorecidas por miembros de la Fuerza Pública han sido sometidas a las instancias nacionales de justicia y, cuando las víctimas se han declarado insatisfechas, a las internacionales, que han impuesto fuertes condenas que, a pesar de sus desacuerdos, nuestros gobiernos han acatado, cumplido y respetado. Dado que lo pendiente de esclarecimiento y comprensión son, especialmente, las responsabilidades de las Farc, resulta extraño que se determine que “tanto el Gobierno como las Farc se comprometen a contribuir de manera decidida al esclarecimiento de la verdad” y mucho más que se exija la entrega de documentos del Estado, aun los reservados, pero no así los de las Farc.
Volvemos sobre el punto pendiente de acuerdos en La Habana, el de derechos a las víctimas, porque el doctor De la Calle presenta este acuerdo como un avance en el camino al reconocimiento y respeto de las demandas de las víctimas. Que lo sea es hecho parcial, pues la comisión se ha constituido como un mecanismo “extra-judicial”, cuyas actividades “no podrán implicar imputación penal de quienes comparezcan a ella”. Además, se ha consagrado que la información que obtenga “no podrá ser trasladada a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades podrán requerírselas”. Se repiten, pues los hechos en que las Farc gozan de complacencia gubernamental y mediática para establecer como verdades absolutas sus cicateras ofertas y mentiras. Y cabe la pregunta de si quienes allí expongan sus “verdades” quedan, precisamente por la prohibición de no ser vinculados por lo que ante la Comisión se declare, bajo una especie de inmunidad, de manera que la Comisión suplante el papel de la Justicia. Cuando las víctimas piden la verdad, se refieren a sus verdades particulares, y lo hacen sí para alcanzar paz individual, pero también bajo el convencimiento de que ante ella, será imposible que se evadan responsabilidades.
