Negociadores de las Farc hablan de cuidar el ambiente, mientras sus hombres en Colombia lo destruyen.

En el documento que contiene las cien “propuestas mínimas” que las Farc llevaron a la mesa de La Habana cuando se discutió el punto del desarrollo agrario integral hay varias alusiones al tema ambiental. Una de ellas está en sus lineamientos generales y se refiere a la necesidad de definir “usos de la tierra que garanticen la protección de los ecosistemas, la sostenibilidad socioambiental, el derecho al agua, la producción de alimentos y la soberanía alimentaria”.

Cuánto desconcierto, rabia e indignación produce en la opinión el contraste entre estas bellas palabras y las dantescas imágenes que dejó la decisión deliberada del frente 48 de derramar el crudo que transportaban 23 tractomulas –unos 200.000 galones– por la vía que de Puerto Vega conduce a Teteyé, en el departamento del Putumayo, el pasado lunes.

Una acción que no fue fruto de un accidente, que no tuvo lugar en medio del fragor del combate, valga aclararlo. Los guerrilleros obraron con premeditación y plena conciencia de las consecuencias que para el ambiente y para la población tendría su acto: al menos 450 familias –y no precisamente de estratos altos– se verán perjudicadas al contaminarse los ríos de los que toman el agua que utilizan a diario.

Más allá de las consideraciones que puedan hacerse sobre cómo este saboteo está ligado con la dinámica que ha adquirido hoy por hoy el conflicto en el suroccidente del país, hay que fijarse en que las Farc –o ruedas sueltas de su engranaje, bueno sería saberlo– siguen actuando bajo lógicas que al parecer no tienen vaso comunicante alguno con el propósito de sus mandos de lograr un acuerdo que les permita trasladar sus reivindicaciones a la arena política.

No solo es el hecho de que los más perjudicados con la absurda acción sean aquellos a quienes en el papel dicen defender los que se hacen llamar ‘Ejército del pueblo’, es también el demostrar con sus actos lo que realmente les importa el cuidado del ambiente. Se contradicen, sin vergüenza alguna, y muestran una actitud soberbia, un absoluto desdén por los temas que, llegada la hora de tener que conquistar votos, serán prioritarios en el debate.

¿Habrá reflexionado el secretariado sobre cómo barbaridades de este talante pueden dejarlo sin autoridad moral para, en un futuro próximo, en la política, asumir la bandera –recurriendo a sus mismos términos– de la “sostenibilidad socioambiental y la protección de los ecosistemas?” ¿Son conscientes de que, con toda razón, cada vez que se refieran al asunto los acechará el fantasma de crímenes como este?

El punto aquí es la incertidumbre que genera constatar cómo el obrar de los combatientes en Colombia apunta en dirección opuesta a la retórica de los negociadores en Cuba. Les da la razón a quienes, comenzando por el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, han dicho que el problema de las Farc, más que con el Estado, es con el pueblo. El mismo al que deben demostrarle que su voluntad de paz no se limita a los discursos, pues sin apoyo de los colombianos la viabilidad del proceso disminuye dramáticamente.

En esta línea debería ir la explicación que desde La Habana dé la delegación de la insurgencia sobre lo ocurrido. Y, al tiempo, deberían demostrar que en su escala de valores la coherencia ocupa el primer renglón.