Delegación gubernamental tiene la palabra
Justicia transicional, el centro de la pugna
A raíz de alguna entrevista otorgada recientemente por uno de los integrantes de la delegación de las Farc, en La Habana, algunos pensaron que esa organización estaría dispuesta a someterse a un lugar de reclusión alternativo, siempre y cuando dentro de los componentes de la justicia transicional también se incorporaran a empresarios, ganaderos, políticos, militares y demás asociados con el conflicto armado interno. Una forma de afirmar, por igual, que se pondrían en una misma balanza con las Farc a diversos estamentos y sectores de la sociedad, bajo la tesis de la responsabilidad compartida.
El tema, no obstante, nunca ha pasado de ciertos titulares de prensa y la delegación gubernamental, por su parte, jamás se ha referido concretamente a estas circunstancias, salvo por comentarios aislados sin una valoración precisa. En su momento, el expresidente César Gaviria removió el escenario con una propuesta en tal sentido, no necesariamente que abarcara cárcel, sino que comprendiera un espectro más global y que significara la no judicialización general hacia el futuro en una especie de punto final.
De ahí en adelante, con la interpretación dada por varios, incluidos funcionarios no gubernamentales de alto nivel, el tema pasó a ser, sin embargo, si las Farc serían condenadas dentro de la justicia transicional, cuáles los mecanismos jurisdiccionales para las sentencias, cuánta la tasación de las sanciones, qué pasaría con los altos mandos y cómo se cumpliría la pena de cárcel o alguna forma de reclusión. Todo ello, ciertamente, dentro del ejercicio especulativo que desde hace meses se ha tomado el proceso de paz desde todos los flancos institucionales, partidistas, periodísticos y sociales. Por supuesto sin la certeza que solo pueden brindar los acuerdos formales, firmados y sin salvedades para negociación posterior. Tanto así como que el Vicefiscal de la Corte Penal Internacional, que estuvo recientemente en Colombia, sostuvo que no podía referirse a nada en concreto porque en el proceso de paz no existía nada en blanco y negro, en materia de justicia alternativa, y que por ende sus opiniones eran estrictamente académicas y generales. El Gobierno, en efecto, lo que ha hecho en el transcurso del año, de lo que se sabe, es insistir en la justicia transicional como modelo de desmovilización. Lo que no se sabe a ciencia cierta es cuáles son los componentes, cuáles los compromisos, ni tampoco cuáles han sido las propuestas puntuales en la Mesa.
En tanto, a causa de los sucesos de la guerra en el Cauca, el país ha visto escalar la confrontación a los niveles antecedentes del proceso. Hoy ciudades de tamaño considerable como Buenaventura y Tumaco están sin energía por los atentados a las torres eléctricas, enviando una señal externa de que en el país pareciera faltar mucho para el fin del conflicto, mostrando el fracaso de la Mesa en su direccionamiento hacia la paz, y espantando aún más la elusiva inversión extranjera. Porque, efectivamente, cualquiera en el exterior que lea los informes de Colombia, con sus recientes muertes de 15 militares y bajas de 40 guerrilleros, entenderá que si bien no son las noticias sobre Siria o Iraq sí lo son de una guerra que ha recuperado su dinámica, afectando por lo demás dos de los puertos principales. Y eso que algunos reputan de posicionamiento frente al complejo cese el fuego bilateral y definitivo, otros podrían observar como falencias del Estado, por más endilgue al terrorismo. De hecho, Colombia tiene al menos 5.000 puntos vitales, de tal índole, que proteger. Y en ello se tendrá que volver a ser efectivos, tanto en la recomposición de torres, como en la salvaguarda de viaductos, puentes y embalses.
Es bajo estas circunstancias que las Farc, en un comunicado de ayer firmado por la Delegación de Paz, tal vez el más preciso en cuanto a su posición, han dicho que la justicia transicional es una forma de atravesársele al proceso. Consideran que éste no puede ser un escenario de sometimiento, ni rendición, ni aceptan marco jurídico emitido por el Congreso en una ley, ni tampoco lo que llaman intercambio de impunidades, rectificando la postura del entrevistado antedicho. Y ratifican que ningún guerrillero está dispuesto a pagar cárcel. Frente a ello, el Gobierno tiene la palabra. Por lo menos para que la opinión pública quede efectivamente enterada de lo que se piensa de parte del Estado, pues ya se sabe qué piensan las Farc.
