La llegada del espresidente Felipe González a Venezuela, con el fin de colaborar en la defensa de Leopoldo López, así como abogar por las causas de Antonio Ledezma y otros dirigentes opositores detenidos, aumenta le presión sobre el régimen para que se defina pronto su situación jurídica. La suerte de estas personas está sujeta a las retaliaciones políticas de un gobierno que no se distingue por el ejercicio democrático. La subordinación del poder judicial a los designios del presidente y su partido debilitan el debido proceso.
La apuesta de González no es fácil. Deberá enfrentar un sinnúmero de obstáculos amén de los que ya ha sorteado. El primero al ser declarado persona non grata por la Asamblea Nacional, cuyo presidente, Diosdado Cabello, es el otro referente del manejo del poder en Venezuela. El segundo, llegar a Caracas sin saber si lo iban a devolver del mismo aeropuerto. Al final, prefirieron dejarlo entrar para no generar más publicidad de la que la visita ha producido. Como hombre curtido en los avatares de la política, el exmandatario socialista sabe que hay que jugar con cuidado las cartas de la transparencia y la legalidad, así se le siga señalando de estar involucrado en una confabulación entre Bogotá, Miami y Madrid para desestabilizar al gobierno venezolano.
López y Ledezma terminaron en la cárcel luego de las protestas del año anterior. Se les señaló como responsables de los desmanes ocurridos con un alto número de muertos, heridos y detenidos, la inmensa mayoría de la oposición. También, está el caso de Daniel Ceballos quien se encuentra en huelga de hambre dadas las pésimas condiciones de reclusión. En estos casos, donde media una clara motivación política por parte del chavismo, se suelen obviar normas de la debida defensa de los acusados. Los procesos se dilatan eternamente, las diligencias no se llevan acabo dentro de los términos establecidos, las pruebas en su contra en muchos casos son desconocidas por los equipos de la defensa y un largo etcétera.
De ahí que además de las solicitudes por parte de la ONU, de la Unión Europea, de un número no tan significativo de países que han pedido su liberación, como en el caso de Colombia, y las visitas de diversos exmandatarios latinoamericanos, así como una reciente carta dirigida al Papa Francisco, firmada por más de cien exjefes de Estado y gobierno de 67 países, la presencia de Felipe González logra aterrizar los hechos sobre el terreno. El Tribunal Supremo de Justicia, atento a las señas que le lleguen desde el Palacio de Miraflores, determinó que el visitante internacional sólo podrá actuar como asesor en la defensa de López. A la salida de una reunión que sostuvo con Antonio Ledezma, quien se recupera de una cirugía, González dijo algo que parece de Perogrullo, pero que al mismo tiempo se ha olvidado en el país vecino: “Venezuela necesita mucho diálogo”. Allí reside buena parte del meollo del asunto.
El reiterado maniqueísmo del gobierno al definir la situación como una pelea entre buenos y malos, no contribuye para nada a generar un clima de distensión luego de 16 años de confrontación. Pero esta crítica también le cae a los sectores radicales de la oposición. No hay que olvidar que el sector que aboga por acciones de presión y de calle, liderado por López, Ledezma y María Corina Machado, aplica la misma lógica monocromática no sólo al gobierno, sino a la opositora encabezada por Enrique Capriles Radonsky. No le perdonan que este último haya privilegiado la vía democrática y del diálogo, apostándole a ganar la Asamblea Nacional en las elecciones que el gobierno está en mora de convocar para el segundo semestre.
Por ahora, y como dicen en España, Felipe González tiene la delicada tarea de ir “a por la justicia”. Más adelante le corresponderá al pueblo decidir libremente en las urnas qué pasa en unas elecciones libres, justas y, esperarnos, con verificaciones internacional independiente.
