El Gobierno sostiene que las 4G son fundamentales para el país. Al tiempo no asegura su financiamiento, pues depende de la venta de Isagén. La opinión pública se muestra desconcertada y exige claridad.

Frente a la medida cautelar adoptada por el Consejo de Estado de suspender la venta de la participación de la Nación en Isagén mientras se resuelve de fondo la demanda interpuesta, el Gobierno ha dicho que no tiene un plan alternativo y que mantiene su interés en la enajenación de la empresa.

Adicionalmente, el Ministro de Hacienda ha venido rechazando algunas de las opciones de fondo sugeridas por diversas entidades y analistas, las cuales van desde proponer modificar la regla fiscal para aumentar la deuda de la Nación hasta utilizar las reservas internacionales, argumentando que van en contra de la estabilidad macroeconómica.

Al mismo tiempo, diversos funcionarios gubernamentales insisten en la importancia que tiene el programa de las concesiones 4G para el país. Con la desaceleración, este discurso oficial ha arreciado, pues dichas vías le pueden dar a la economía el aire que con urgencia necesita.

Por su parte, el presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) se mantiene en la posición de que los recursos de la venta de Isagén los necesita su entidad para asegurar el financiamiento de las 4G. Si ello no ocurre, se tendrán dificultades para el cierre financiero de algunos proyectos de la segunda ola. La tercera ola estaría desfinanciada.

De ser así, no se entiende por qué, a sabiendas de que el proceso de venta de la participación de la Nación en Isagén puede durar un tiempo largo, dadas las diversas demandas que cursan en su contra, el Gobierno no acepta lo complicado y riesgoso que puede resultar dicha operación y opta por otra salida.

Lo que la opinión pública percibe es una contradicción entre lo que reitera el Gobierno de que el programa de las 4G es de vital importancia para el país y la decisión de mantener la venta de Isagén como la fuente de financiamiento público del mismo, con lo cual se compromete su avance y concreción.

En este orden de ideas, ¿no debería la Administración Santos desistir de dicha enajenación y explorar una fuente alterna de financiamiento que evite el eventual daño que podría sufrir la ejecución del programa si se frustra definitivamente la venta de Isagén?

¿O es que se prefiere mantener firme el discurso de la venta para evitar que las tres firmas seleccionadas pierdan su interés y decidan retirarse?

En el hipotético caso de que el Consejo de Estado falle a favor de la venta y las empresas desistan de comprar, el Ejecutivo quedaría mal parado, pues deberá reiniciar un proceso caracterizado por varios intentos fallidos y por una imagen internacional deteriorada por la falta de garantías jurídicas.

El Gobierno debería ser claro con el país respecto a que si la venta de Isagén no se puede llevar a cabo esto, represente un daño grave para la ejecución del programa de las 4G o si, por ahora, su ejecución puede avanzar con el financiamiento proveniente de diversas fuentes públicas y privadas, mientras se concreta la enajenación o se tiene otra opción.

Mal haría el Gobierno en frenar el programa de las concesiones viales a cuenta de mantener su obstinada posición frente a la venta de Isagén y no buscar otras opciones viables, pues si las 4G son tan fundamental para el desarrollo y el crecimiento del país, se debe asegurar, en el marco de las restricciones fiscales que se tienen, su financiamiento.