La deuda de muchos departamentos y municipios con el sector financiero se desbordó en los años 90, a tal punto que para atender su oneroso pago, tuvieron que recortar los fondos para inversión social, generándoles desequilibrios que comprometían su viabilidad financiera.
Dentro de las prácticas reprochables para conseguir préstamos, que alcaldes y gobernadores utilizaban, estaban las de pignorar ante un banco vigencias futuras como rentas de licores, impuestos prediales e impuestos de industria y comercio, con plazo de hasta veinte años y más, empeñando así el futuro fiscal de sus regiones y obviamente de sus pobladores, que ingenuamente habían votado por estos díscolos gobernantes.
La Ley 358 de 1997 puso límites a esta irresponsable práctica de gastarse hoy el dinero de vigencias fiscales futuras que superaban el periodo del gobernante de turno, y logró sanear en los últimos años buena parte de las administraciones locales en problemas. Sin embargo, bajo la modalidad de “crédito con proveedores” se parece estar haciendo conejo a la Ley 358.
Con un amplio y complejo marco legal, el Manual de Operaciones de Crédito Público, elaborado por el DNP en mayo de 2013, establece dentro de las modalidades de crédito interno, que puede adelantar una entidad pública como un departamento o una alcaldía municipal, los créditos con proveedores, constituidos por la financiación que otorgan los proveedores a sus compradores, mediante la concesión de plazos para el pago en la compra de bienes y servicios. Este plazo puede ser otorgado por el propio proveedor, o a través de un tercer financiador. La financiación regularmente se obtiene a corto y mediano plazo, sin embargo, se ha empezado hacer a largo plazo.
Como ejemplo de esta práctica tenemos lo hecho por el Consejo Municipal de La Calera y su Alcalde, que acaba de aprobar bajo esta modalidad un empréstito de $ 26.754 millones, cuando sus ingresos corrientes anuales apenas llegan a $18.559 millones. Este cuantioso empréstito será respaldado con el impuesto de industria y comercio de los próximos 20 años, ¡dos décadas!, y a una tasa de descuento del 16% efectivo anual, gran tasa de descuento para los proveedores entre los que se destaca la tradicional cementera Cemex. ¿Dónde está la Contraloría?, ¿el Ministerio de Hacienda?; ¿los ciudadanos?
