Recientes índices de riesgo de corrupción muestran a la Cámara de Representantes y el Senado como las instituciones más frágiles. Inquieta porque es allí donde el país concibe y aprueba sus leyes.

Aunque a los congresistas los debería blindar contra la corrupción el estar en uno de los estratos salariales más altos del país (un promedio de 24 millones de pesos mensuales), un informe de Transparencia por Colombia advierte que la Cámara de Representantes y el Senado son las dos instituciones del poder público en mayor riesgo de ser penetradas por ese fenómeno tan dañino para la democracia, el orden y el progreso.

En una lista de 85 entidades nacionales, los dos foros del Congreso de la República aparecen en los puestos 85 y 84, en relación con el Índice de Transparencia Nacional fijado para el período 2013-2014. El riesgo respectivo de representantes y senadores de ser corrompidos es “muy alto” o “alto”.

Otro dato que inquieta bastante es que la Rama Judicial, y en particular el Consejo Superior de la Judicatura, aparece en el puesto 83, resultado que contrasta con la medición de riesgo del Poder Ejecutivo que se mantiene en niveles aceptables de transparencia (68,1) y cuya posibilidad de ser corrompido es “moderada”.

Estas mediciones ponen el retrovisor sobre fenómenos como la parapolítica, a la que aún se alude como activa en investigaciones académicas y de centros de pensamiento. Incluso, flotan en el ambiente los debates y los cuestionamientos frente a la afectación que le producen a las tareas legislativas, en tiempos de elecciones, los llamados cupos indicativos a los que, en 2014, la Procuraduría no los vio como causa de algún acto ilegal.

No se olvide, por demás, el gran influjo que tienen representantes y senadores en las dinámicas políticas regionales, en estrecho vínculo con las asambleas departamentales y los concejos en los que se juega la suerte de la destinación de los presupuestos regionales y locales, y en los cuales se escenifican los pulsos políticos por buena parte de la clientela del poder público.

Esta calificación desalentadora de los poderes Legislativo y Judicial remite también a aquellos “matrimonios por conveniencia”, en la mira de la opinión pública, que han desdibujado la independencia y el mutuo control que deben observarse en tan importantes organismos de la vida institucional y democrática.

Pero el mencionado Índice de Transparencia trae algunos resultados que contrastan, por lo positivos, frente a otras instancias y entidades que por momentos han sido motivo de preocupación. Por ejemplo, con su enorme presupuesto, el Ministerio de Defensa Nacional es la segunda dependencia pública en la que se advierte el menor riesgo de corrupción. No ocurre lo mismo con el Ejército Nacional que está en el puesto 82 y que ha sido blanco de gravísimas denuncias sobre irregularidades administrativas. La lista favorece también a las superintendencias de Sociedades, Financiera y de Industria y Comercio, además del Ideam y del Ministerio de Educación, despachos entre los diez en menor riesgo.

Hay abundante literatura en los análisis de Transparencia Internacional sobre el atraso y la desinstitucionalización que le produce a las democracias la corrupción. La indecencia en el gasto del Estado afecta especialmente a la periferia de la institucionalidad: en regiones y poblaciones aisladas donde lo público es fuente de despilfarros y defraudaciones. Es allí donde se sienten con mayor fuerza los efectos de la falta de ética de los funcionarios y la descomposición estatal.

Una amenaza contra la que hay que luchar, a partir de indicadores tan reveladores y a la vez tan preocupantes.