La política fiscal es la principal herramienta anticíclica que tienen hoy los gobiernos, pero para evitar su uso irresponsable se incluyó en 2011 el criterio constitucional de sostenibilidad fiscal en Colombia, el cual fija metas cuantitativas al balance entre ingresos y gastos estructurales.
En el reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es una bitácora clave, no sólo del Gobierno sino de los mercados, se estima menor crecimiento económico, que exigiría más activismo estatal, y se espera un recaudo tributario de $116,8 billones, menor en 10% en valores reales al presupuestado.
Así las cosas, es recomendable que el Gobierno acelere la ejecución de proyectos de inversión, en lugar de obsesionarse con cumplir a rajatabla la regla fiscal restringiendo el gasto público, especialmente el de inversión, como ya se evidenció en el Plan de Desarrollo, debido al derroche “intocable” en gastos de funcionamiento y a la inflexibilidad en el gasto de servicio de deuda pública.
Se hace necesario flexibilizar la regla fiscal, de tal suerte que se permita, con mayor endeudamiento, adelantar inversión productiva y de gran impacto multiplicador, como las obras de 4G. La idea es fortalecer el gasto público eficiente, en lugar de ahorrar para lograr una meta cuantitativa de déficit fiscal sólo por lograrla. Por una “regla dura” no podemos repetir los errores del pasado, donde por cuenta de exigencias de una inconveniente ortodoxia fiscal se mutile equivocadamente una necesaria política fiscal anticíclica y un recorte a rajatabla del gasto termine empeorando la ya grave situación económica. La regla fiscal no es condición suficiente para lograr la estabilidad macroeconómica; el crecimiento es también necesario y éste viene de inversión, como las obras de 4G.
Endeudarse para adelantar las obras de 4G generaría crecimiento y pagaría la propia deuda a partir de sus efectos en productividad, competitividad y posterior recaudo fiscal potenciado.
La regla fiscal no es un principio constitucional sino un criterio, al cual le cabe discrecionalidad por parte del Gobierno, que, dada la apremiante coyuntura, debe priorizar sobre el logro de una meta fiscal meramente cuantitativa, el propósito anticíclico del gasto público productivo, y buscar no mermar con más impuestos el ingreso disponible de empresas y ciudadanos, para que se pueda superar los difíciles momentos que se nos vienen encima.
