“Ningún guerrillero está dispuesto a pagar cárcel”

En la que puede considerarse como una de las posturas más radicales de la guerrilla en los últimos meses, las Farc ratificaron ayer que no aceptarán ir a la cárcel al final del proceso de paz.

La advertencia está contenida en un pronunciamiento emitido ayer por la “Delegación de Paz” de la guerrilla en La Habana, y en la que fue evidente que ‘rectificaron’ tácitamente las interpretaciones que se hicieron de las afirmaciones de uno de sus cabecillas, alias ‘Pastor Alape’, quien en una entrevista días atrás dijo que la subversión se acogería a una “reclusión especial”.

La posibilidad de que las Farc aceptaran esa “reclusión especial” sorprendió a todo el país, pues siempre han insistido en que no harán un proceso de paz para terminar presos, lo que se ha convertido en el principal cuello de botella de la negociación. Como se sabe, tanto la legislación nacional como el Estatuto de Roma establecen que los culpables de delitos de lesa humanidad deben pagar, incluso en el marco de la justicia transicional, algún tipo de pena de cárcel o sanción, pues de lo contrario se caería en la impunidad y podría activarse la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, ayer la guerrilla advirtió que “creemos que un proceso de paz no es un proceso de sometimiento ni rendición, también creemos que no puede convertirse en un proceso judicial o de debut de un concepto de justicia punitivista en la que el Estado pueda actuar como juez y parte”.

Agregaron que “en este orden de ideas reiteramos que ningún marco jurídico unilateral es reconocido por la insurgencia y mucho menos concepciones de justicia transicional que de él se deriven; en La Habana no se van a intercambiar impunidades porque no es comparable el terrorismo de Estado al ejercicio del derecho a la rebelión; ningún guerrillero está dispuesto a pagar cárcel por haber ejercido dicho derecho; además, si a algo se debe referir el concepto justicia, es al establecimiento de la justicia social, reparadora, prospectiva, por lo cual sería impensable la paz si no se comienzan a desmantelar la doctrina de la seguridad nacional, la teoría del enemigo interno y el paramilitarismo. Y finalmente, que es el Estado, el máximo responsable de la guerra y sus victimizaciones”.

Peros a justicia transicional

Por otra parte, las Farc negaron que estén demorando un acuerdo sobre el punto de las Víctimas por temor a abordar el tema de justicia.

“Al respecto -agregaron- es pertinente una aclaración, pues no hay nada más equivocado: El punto 5 de la Agenda de La Habana contiene dos numerales: Derechos Humanos y Verdad. En este año de discusión hemos logrado avanzar en borradores respecto al aparte Verdad, discusión compleja que hemos abordado paralelamente con la de aspectos del punto 3 Fin del Conflicto como lo son los de cese el fuego bilateral y dejación de armas”.

De acuerdo con la guerrilla, “cuestión muy distinta es que ante la insistencia gubernamental en atravesar en el proceso temas de su interés particular, como lo son las iniciativas de justicia transicional, cuya solución en nada debería retrasar la búsqueda de salidas a las necesidades de las víctimas, las Farc hayamos dado oportuna respuesta… Por ello hemos presentado iniciativas que están en marcha para beneficiar el proceso, como las medidas de desescalamiento del conflicto, y el saboteado cese unilateral de fuegos, en procura del armisticio…”.

“Nuestra prioridad, eso sí, ha sido llevar a la Mesa las propuestas que plantearon las víctimas del conflicto. Nuestras iniciativas están en manos del Gobierno, sin que luego de un año de debates se haya dado desde las instituciones alguna respuesta que satisfaga a las víctimas, salvo el Decreto 0303 de 2015 referido a desapariciones forzadas”, indicó la guerrilla en su comunicado.

Por último indicaron que no debe existir excusa para concretar medidas urgentes de reparación a las víctimas ni retrasar un acuerdo sobre Comisión de Esclarecimiento y Verdad.

Precisamente hoy termina el ciclo de negociaciones en La Habana y es posible que se anuncie un acuerdo alrededor de la “Comisión de Esclarecimiento y Verdad”, cuyo posible alcance ya ha dado lugar a polémicas esta semana.

¿Decreto ‘sugerido’ por Farc?

El 20 de febrero el presidente Santos firmó el Decreto 0303 de 2015 que reglamentó la Ley sobre Víctimas de Desaparición Forzada, que reglamentó la Ley 1408 de 2010, norma marco en este aspecto.

Contrario a lo que ayer insinuaron las Farc, en febrero el Jefe de Estado informó que el Decreto “es producto de un ejercicio conjunto de varias instituciones, la sociedad civil, con el acompañamiento de la comunidad internacional”.

Aquí los seis aspectos fundamentales de la norma:

Primero: Se crea el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos, para la identificación de personas a través del ADN. Es un verdadero laboratorio de genética para la identificación de las personas.

Segundo: Habrá apoyo económico y sicosocial para los familiares de las víctimas al momento de la entrega de cuerpos identificados y localizados.

Tercero: Se elaborarán mapas de sitios donde se presuma la ubicación de cuerpos o restos de personas desaparecidas, y se crearán canales de comunicación institucional para que cualquier persona pueda acceder a ese tipo de información.

Cuarto: Se establecen lineamientos para la conservación en cementerios de cuerpos o restos humanos no identificados o no reclamados.

Quinto: Se crearán Santuarios de la Memoria.

Sexto: Se fija la última semana del mes de mayo y el 30 de agosto, como fechas para enaltecer la memoria de las víctimas.

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