Es tan grande el desajuste del sistema político que nada cambiará en las elecciones de octubre.

Por supuesto que es digno de elogio que en cada elección popular surjan voces que rechacen los vínculos entre los candidatos y la ilegalidad. Son expresiones que logran despertar, sobre todo en los más incautos, la esperanza de que las prácticas políticas en Colombia pueden cambiar. Sin embargo, el ideal se torna en desilusión cuando parece que nada va a cambiar, dado que la coyuntura aparece solamente como un espectáculo que se aprovecha para obtener réditos políticos o publicitarios.

Es muy diciente que el senador Carlos Fernando Galán renuncie a la presidencia de Cambio Radical por el aval concedido a la candidata a la gobernación de La Guajira, Oneida Pinto, por parte de su colectividad, mientras que lisonjea a su jefe, el vicepresidente Germán Vargas, a la postre, el único con la jerarquía para evitarlo. En otras palabras, Cambio Radical hace moñona con el senador Galán apareciendo como el gran ‘cruzado’ contra la politiquería y la corrupción, en tanto que el partido, en cualquier caso, cosecha los votos y con alta probabilidad obtendrá el poder regional. Este es, en resumen, un partido que se desdobla para fungir como estadistas en Bogotá, pero manzanillos en la provincia.

Más grave es la demostración que hace el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Emiliano Rivera, quien tiene la desfachatez de mentirle al país diciendo que renunció a la presidencia de la corporación porque el ministerio de Hacienda no le giraba los recursos para cumplir a cabalidad con las funciones de cara a las elecciones regionales de octubre próximo. Pero no tiene el coraje de decir que la verdadera razón por la que renunció fue porque perdió la confianza de sus colegas magistrados al tramitar en forma inconsulta un proyecto de ley que afectaba a la planta de personal de la entidad. Además, para completar la argucia, se quiere presentar como ‘el Cid Campeador’ y pronuncia la lapidaria frase "la democracia está en peligro".

El magistrado Rivera ahora no duerme porque lo agobia la doble militancia, la violación de los topes al financiamiento, la trashumancia. Claro está que se le olvida que así contaran con recursos a raudales, nada pasaría porque el problema de la democracia local en Colombia no se resuelve con 50 o 100 candidatos sancionados. El magistrado debiera saberlo, pero también ignora que el problema es estructural y que tiene que ver con lo que el profesor Mario Latorre describiera desde 1968 como el caos de los grupos y los partidos. Una anarquía en la que cada concejal, diputado o alcalde es el dueño de sus votos y la única “autoridad” que acata es la de sus propios intereses.

Por eso, aunque haya algunos crédulos, nada va a cambiar en las elecciones regionales del próximo 25 de octubre. Si esos son los adalides de la democracia, los que se rasgan las vestiduras para la galería en Bogotá, entonces el panorama es mucho más desolador en la Colombia profunda. Puesto que la gobernabilidad seguirá siendo al detal para satisfacer el voraz apetito de concejales y diputados.

Los partidos son tan solo meros cascarones para el otorgamiento de avales que no tienen proyectos de ciudad. Porque la mayoría de los elegidos no actuarán como verdaderos gobernadores y alcaldes, esto es, no serán los inspiradores del cambio, sino los jefes de empresas montadas para 'chuparse' las transferencias de la Nación. Porque si en una ciudad como Bogotá la demagogia se ha mantenido en el poder, para qué hablar del exotismo de empleo productivo o competitividad en pueblos y ciudades intermedias.

Porque para qué predicar esfuerzo fiscal si el éxito de la gestión dependerá de la ‘mermelada’ que logre conseguir el parlamentario al que le endosarán los votos en la próxima justa electoral. Porque en algunos casos, infortunadamente, por la ausencia de control social, los elegidos serán los jefes de redes de corrupción, contrabando, minería ilegal u otro tipo de empresas delictivas. Y porque, a pesar de que también saldrán elegidos, con seguridad, unos pocos encomiables alcaldes y gobernadores, no será suficiente. El desajuste del sistema político y la cultura de la ilegalidad son tan grandes que, por ahora, nada cambiará. Lo máximo que veremos será el rito de rasgarse las vestiduras.